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PGN se pronuncia frente a inversiones de recursos públicos en predios ilegales

Bogotá, domingo 2 de noviembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional se condicione la constitucionalidad de la norma que establece la prohibición de invertir recursos públicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales.

La manifestación del Ministerio Público se da bajo el entendido que eventualmente se pueden invertir recursos públicos sólo en aquellas situaciones en las que se demuestre la existencia de una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas que acuden a los asentamientos ilegales por circunstancias de extrema pobreza, marginalidad, violencia o desplazamiento.

El acto debe ser motivado y no excluye de responsabilidad penal o administrativa a quienes promuevan esas actividades ilícitas, aprovechándose de tales personas, a quienes, además, el Estado no les presenta alternativas de solución digna.

Para la Procuraduría si bien es cierto la prohibición tiene como objetivo evitar la proliferación de los asentamientos ilegales - especialmente las prácticas delictivas de personas inescrupulosas que se aprovechaban de las condiciones de necesidad extrema de quienes buscan un techo, para ubicarlos en lotes, edificaciones y viviendas inhabitables - en cumplimiento de la necesidad de planeación del Estado, ésta no se puede entender en forma absoluta pues no se ajusta a la realidad social y económica del país.

En palabras del Ministerio Público “la sola circunstancia de encontrarse viviendo en los asentamientos ilegales, cualquiera fuera su origen, es ya un desconocimiento a derechos como la vida, la integridad personal, la igualdad, el derecho a una vivienda digna y el abandono de los fines estatales que buscan la satisfacción de las necesidades colectivas, así como la desatención de la obligación constitucional de suministrar los servicios públicos esenciales, y es por tanto, que no es admisible que la adopción de una disposición legal que en vez de buscar el restablecimiento y la garantía de esos derechos, se convierte en un instrumento que agrava ese escenario que refleja la pobreza a la que se encuentra sometida un gran porcentaje de la población colombiana, y a la vez tal norma, sirva de excusa para que el Estado se abstenga de hacer las inversiones correspondientes.”