INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 464

PGN realiza aclaraciones sobre participación de servidores públicos en consultas de partidos

Bogotá, 17 de octubre de 2008. Servidores Públicos solo pueden participar sufragando en las consultas programadas por los partidos para el próximo 26 de octubre, manifestó el Procurador.

El pronunciamiento se realiza para hacer claridad frente a la participación de los servidores de la rama judicial, de los órganos electorales, de los de control y de seguridad en las consultas de los partidos teniendo en cuenta que la Constitución Política establece que a los servidores públicos les está prohibido “tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.”

El Procurador, Edgardo José Maya Villazón reiteró que: “participar ejerciendo el derecho al sufragio en las consultas de los partidos, conforme al sustento jurisprudencial del juzgador constitucional, no se constituiría en violación a la prohibición constitucional para estos servidores, pues simplemente estarían seleccionando a los representantes de su preferencia, para que logren ser los voceros dentro de la estructura interna de esos partidos o movimientos políticos.”

La manifestación se realiza teniendo en cuenta que el próximo 26 de octubre el Partido Conservador Colombiano realizará consulta para elegir directorio nacional, departamental, distrital, municipal y local, además de realizar preguntas sobre políticas de partido; el Polo Democrático elegirá delegados al Segundo Congreso Nacional y delegados al Primer Congreso Nacional de Jóvenes de ese partido; y el Partido Social de Unidad Nacional, “Partido de la U”, elegirá delegados a las asambleas por sectores sociales y tendrá su consulta temática sobre aspectos programáticos y de reforma de estatutos, con el fin de prevenir a los servidores del Estado para que no realicen actividades proselitistas o incurran en faltas que pueden ser objeto de graves sanciones disciplinarias.


A continuación el comunicado:

Comunicado

Ejercicio del derecho al sufragio de servidores de la rama judicial, órganos electorales, de control y de seguridad en las consultas programadas para el 26 de octubre de 2008

De conformidad con lo previsto por el inciso segundo del artículo 127 de la Carta, a los servidores públicos allí enunciados les está prohibido “tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.”

Tal disposición ha suscitado la formulación de innumerables consultas relacionadas con la determinación de si tales servidores públicos pueden o no participar en las consultas internas de los partidos para la escogencia de los candidatos, habida cuenta que asiste temor a que se pudiera interpretar que la participación en ellas se pudiera tomar como una típica “actividad de partido”.

Frente a tal planteamiento, el Procurador General de la Nación, considera que el Sufragio, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-511 de 14 de julio de 1999, en la que se estudió la exequibilidad del artículo 65 (parcial) del Decreto-ley 2241 de 1986, por el cual se adoptó el Código Electoral, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell:

“…. es un deber ciudadano que forma parte de aquel deber más amplio de contribuir a la organización, regulación y control democrático del Estado (Constitución Política artículo 95-5). Pero de igual manera, es un derecho, que le permite participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, en virtud de lo cual puede elegir y ser elegido, tomar parte en plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática (Constitución Política artículo 40).

"En lo que se refiere a la conformación, ejercicio y control del poder político, la Constitución otorga al ciudadano la facultad de elegir a sus representantes, para ejercer de esa manera su soberanía de manera indirecta; pero además prevé otros mecanismos de participación directa, como los plebiscitos, referendos, consultas populares y la revocatoria del mandato. En todos estos casos la voluntad de los ciudadanos se manifiesta a través del voto".

Con base en la anterior interpretación del juzgador constitucional, se tiene que el sufragio es un medio esencial para la participación del ciudadano en el ejercicio del poder político, y es deber del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan" (artículo 2 Constitución Política) e implementar los "mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de ese derecho a los ciudadanos" (artículo 258 Constitución Política).

Así, la consulta del Partido Conservador Colombiano será para elegir directorio nacional, departamental, distrital, municipal y local, además de realizar preguntas sobre políticas de partido; el Polo Democrático elegirá delegados al Segundo Congreso Nacional y delegados al Primer Congreso Nacional de Jóvenes de ese partido; y el Partido Social de Unidad Nacional, “Partido de la U”, elegirá delegados a las asambleas por sectores sociales y tendrá su consulta temática sobre aspectos programáticos y de reforma de estatutos; consultas programadas para el próximo 26 de octubre, situación que tiene fundamento en la reforma política de 2003; y es claro que la participación con el voto en estas consultas hace parte del ejercicio del derecho al sufragio, consagrado constitucionalmente como un deber y un derecho de los ciudadanos, para elegir a sus representantes y así contribuir en la organización del Estado.

Entonces, participar ejerciendo el derecho al sufragio en las consultas de los partidos, conforme al sustento jurisprudencial del juzgador constitucional, no se constituiría en violación a la prohibición constitucional para estos servidores, pues simplemente estarían seleccionando a los representantes de su preferencia, para que logren ser los voceros dentro de la estructura interna de esos partidos o movimientos políticos.
Tal participación se debe ceñir estrictamente a lo previsto por el inciso segundo del artículo 127 de la Carta, esto es, única y exclusivamente al ejercicio del derecho al sufragio.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias

 

465-08

Por evadir un proceso de licitación, destituido e inhabilitado por 10 años ex secretario de educación de Cali

Bogotá, sábado 18 de octubre de 2008. 8:00 a.m. Con destitución e inhabilitad por 10 años, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex secretario de educación de Santiago de Cali, Hernán Sandoval Quintero por contratar directamente y evadir un proceso de licitación.

El contrato cuestionado por el ministerio público fue suscrito el 21 de diciembre del 2006 con la Fundación para la Promoción de las artes y la Juventud Estudiantil por más de 1.931 millones de pesos, bajo la figura de interés público, la cual no procede por el monto de los recursos invertidos, adjudicación que debe adelantarse a través de un proceso de licitación.

Concluyó la Procuraduría que la fundación FUINDARTES, carecía de idoneidad para celebrar el contrato y para el cumplimiento de su objeto: suministro de desayunos escolares para niños los estratos 1 y 2 del sector urbano y rural de Cali, para el periodo escolar 2006 y 2007.

El fallo de primera instancia señaló que no se encuentra causal alguna que justifique la conducta irregular desplegada por el funcionario y al contrario, se evidencia una lesión al ordenamiento jurídico, los intereses de la entidad y de la población infantil a quien iba dirigido el objeto del contrato que finalmente se cumplió de manera parcial, es decir que se dejó de proporcionar 399 mil raciones debido a la incompetencia del contratista.

Anotó que en este caso, el disciplinado incurrió en una falta gravísima a título de dolo, al inobservar las normas que rigen la contratación estatal en perjuicio de la entidad que representaba.

 

466-08

Sancionado ex concejal de Santa Marta con destitución e inhabilidad por 10 años

Bogota, domingo 19 de octubre de 2008. 8:00 a.m. Por obstrucción de un operativo policial y proferir expresiones injuriosas contra los miembros de la fuerza pública, la Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años contra el exconcejal de Santa Marta, Romualdo de Jesús Macías Sobrino.

El fallo asumido en segunda instancia por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, respaldó la decisión asumida por la Procuraduría Regional de Magdalena, al considerar que el entonces concejal se excedió en el ejercicio de sus funciones, cometiendo un acto arbitrario e injusto al obstruir un procedimiento adelantado por las autoridades de Policía en asocio con funcionarios del SIETT, el cual pretendía adelantar un cobro coactivo.

Los hechos se registraron el 24 de enero del 2006 cuando se desarrollaba el proceso de secuestro del vehículo sobre el cual pesaba un embargo, cuando el señor Macías Sobrino, identificándose como concejal de Santa Marta procedió a interrumpir la diligencia y, posteriormente, proferir expresiones injuriosas agrediendo a los agentes de Policía.

Para el ministerio público se puede concluir, que con su comportamiento, el entonces concejal ejerció actos de violencia verbal y física para obligar a los agentes de la Policía a realizar un acto contrario a sus deberes oficiales, desprendiéndose de ello una falta disciplinaria.

Explicó el fallo que dentro de las funciones asignadas al concejal cuestionado en la Constitución y la Ley no está la de interceder a favor de terceros por asuntos que se tramitan en otras dependencias y, además, se trata de un acto arbitrario, pues se realizó por fuera del marco legal que define la función que implicó la utilización desbordada del cargo.

467-08

PGN mantiene su compromiso en la defensa y protección de las playas y terrenos de bajamar

Bogota, domingo 19 de octubre de 2008. 8:00 a.m. Una “Alianza por El Mar” es la propuesta que la Procuraduría General de la Nación presentará este lunes 20 de octubre en el evento denominado “El mar, riesgos y desafíos”.

El objetivo del Ministerio público es que la ciudadanía reconozca en las playas marítimas y en los terrenos de bajamar bienes públicos, de libre acceso y sobre los cuales tiene derechos protegidos constitucionalmente.

Este evento que realizará la Procuraduría será el escenario para que las instituciones participantes suscriban un Pacto Interinstitucional para el Diseño de una Política Pública en Defensa y Protección de las Playas y Terrenos de Bajamar.

En la actualidad, las ocupaciones ilegales en las zonas costeras, fenómenos naturales o el cambio climático se convierten en una amenaza para estos bienes de uso público.

Al respecto, la Procuraduría advierte que el 85,7 por ciento de las construcciones ilegales establecidas en esas zonas son palafíticas, es decir que son construidas generalmente dentro de un lago, sobre estacas “y viviendas de pescadores que implican, por su características de vulnerabilidad, un riesgo inminente para la vida de sus habitantes. El 14.3 por ciento restante de ocupaciones ilegales consisten en otros tipos de construcción; en algunos casos, las personas alegan dominio contra expresa disposición constitucional”.

Mediante las actuaciones judiciales y administrativas promovidas o intervenidas por la Procuraduría General de la Nación, se han reducido los inventarios de ocupaciones indebidas de 32.721, que se registraron en septiembre de 2006, a 24.951 en 2008, de acuerdo con la Información suministrada por la Dirección General Marítima.

La magnitud del problema hace necesario definir y consolidar una política pública que permita a los actores involucrados precisar las medidas y buenas prácticas que han de desarrollarse e implementarse para lograr prontas soluciones en salvarguarda de estos bienes.

Es indispensable también concebir la participación como un mecanismo que permitirá crear estrategias y alianzas capaces de producir políticas e intervenciones coherentes para lograr afirmar una verdadera cultura de los bienes de uso público.

Es con este propósito, y con el ánimo de suscribir un convenio interinstitucional, que se reunirán este lunes 20 de octubre en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría a partir de las 8:30 de la mañana, el Procurador General de la Nación, los ministros del Interior y de Justicia, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda y Desarrollo Territorial, Transporte, Turismo, el director General Marítimo y el gobernador de Atlántico.

Esta jornada también podrá ser seguida paso a paso por los ciudadanos y ciudadanas de todo el país a través del canal Señal Colombia institucional, que transmitirá en directo este evento.