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Por tortura, destituido e inhabilitado por 10 años suboficial de la Policía Nacional

Bogotá, 17 de octubre de 2008. Con destitución e inhabilidad por 10 años, la Procuraduría General de la Nación sancionó al Subintendente de la Policía Nacional José del Carmen Mora Medina por causar tortura física a una persona que se opuso a ser requisada.

El fallo de primera instancia proferido por la Viceprocuraduría General de la Nación señaló que los hechos se presentaron el día 22 de julio de 2005 cuando el señor Juan Carlos Castro Muñoz fue conducido a la Sala de Retenidos de la Estación de Policía en el municipio de Calamar, Guaviare, en donde le fueron propinados varios golpes en todo el cuerpo con el fin de castigarlo por haber opuesto resistencia a la requisa que iban a efectuarle, ocasionándole una incapacidad médico legal de 10 días.

Al imponer la sanción, el ministerio público recordó que al tenor de lo establecido en la Convención contra la “Tortura y otros Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, aprobada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 70 de 1986, se define la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido.

“Nuestro país como Estado Democrático y de Derecho que es, ha asumido ante organismos internacionales el compromiso de respetar los derechos humanos de los conciudadanos y en caso que estos sean infringidos por sus servidores públicos, tiene el deber y la obligación de imponer las sanciones correspondientes, so pena de que sean organismos internacionales quienes juzguen al Estado”, anotó la entidad en su fallo

La Procuraduría consideró que no existe razón alguna que justifique el comportamiento asumido por este policía, puesto que había recibido capacitación e instrucciones sobre el respeto las normas de derechos humanos, por lo tanto su conducta debe calificarse como una falta gravísima a título de dolo al violar las disposiciones contenidas en el artículo 48 de la ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario.