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Colombia se vincula a países firmantes del convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes

Bogotá, 16 de octubre de 2008. Acogiendo el concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional declaró constitucional el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Define el Convenio a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), como sustancias químicas tóxicas, resistentes a la degradación, que se transportan por aire, agua y especies migratorias y se depositan más allá de las fronteras nacionales bioacumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. Sus efectos se reflejan en problemas de salud y daños al medio ambiente, especialmente en los países en desarrollo, y compromete a las futuras generaciones, en cuanto afecta a las mujeres

Entre los contaminantes que se reglamentan con el convenio se tienen los desechos peligrosos procedentes de la combustión en hornos de cemento; los producidos en procesos térmicos de la industria metalúrgica, en quema a cielo abierto de desechos; la combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales; los crematorios; los producidos por los automotores; los resultados de los procesos de teñido y terminación de textiles y cueros y los desechos de refinerías de petróleo, entre otros.

En la sentencia, la Alta Corporación señaló que la Constitución Colombiana guarda estrecha relación con el objetivo principal del Convenio de Estocolmo de 2001, cuyo propósito es “proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes”

Se destacó igualmente que, según lo establecido en la Constitución, los colombianos tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, la posibilidad de proteger este derecho mediante el ejercicio de las acciones populares y el deber de Estado de controlar los factores de deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas. De la misma manera estableció la sentencia que la función ecológica es inherente al derecho a la propiedad privada, pero a la vez, es un deber de la persona velar por el mantenimiento de las condiciones que hagan posible el ejercicio de este derecho.