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PGN elevó pliego de cargos a ex gobernador de la Guajira y miembros de su gabinete

Bogotá, 10 de octubre de 2008. La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el ex gobernador de la Guajira José Luís Gonzalez Crepo y varios miembros de su gabinete por incurrir presuntamente en irregularidades en la suscripción y ejecución de contratos de obra pública durante la vigencia 2004-2005.

La decisión cobija además a Javier Alfonso Figueroa Mejía, en su calidad de Secretario de obras públicas y vías del departamento; José Juan Gonzalez Daza, director operativo de infraestructura; Rafael Celedón Soraca, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Emilsen Zabaleta, Director Operativo de agua potable y saneamiento básico y Secretario de Obras Públicas ( E ) y Boris Sandy romero Mora, en su condición de Asesor adscrito al despacho del Gobernador.

El ministerio público anotó que, los contratos en los que se cometieron presuntas irregularidades suman una cifra cercana a los mil millones de pesos, los cuales incluían objetos contractuales como la construcción y ejecución de obras públicas y vías; la construcción de redes de electrificación de varios corregimientos; construcción del acueducto del corregimiento de Monguí; el mejoramiento de la vía Distracción-Rioacha; la construcción del parque plaza en el barrio Valparaíso; la construcción del hogar de paso para los indígenas de la Sierra; así como los estudios y diseños de obras de defensa costera

La determinación de elevar pliego de cargos fue asumida por el ministerio público al concluir que posiblemente fueron suscritos de manera irregular 10 contratos durante la vigencias 2004-2005, al no cumplirse los criterios de selección objetiva para la escogencia de quienes los iban a ejecutar; limitar el derecho de contradicción a los oferentes en la forma señalada en el pliego de condiciones y omisión de las funciones de la ejecución contractual, entre otros.

La Procuraduría General de la Nación luego de examinar la situación de algunos de los contratos que dieron lugar a la apertura de la investigación concluyó que las faltas en las que pudieron haber incurrido tanto el ex gobernador de la Guajira como sus funcionarios son consideradas como gravísimas, pues pudieron desconocer los principios y reglas contenidos en la Ley 80 de 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.

 

 

454-08

Por el homicidio de persona protegida Procuraduría elevo cargos contra integrantes del Ejército

Bogotá, lunes 13 de octubre de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra cinco integrantes del Ejército Nacional por el presunto homicidio de un hombre que se encontraba en estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal considerada como persona protegida.

Los hechos sucedieron el 24 de julio de 2006, en desarrollo de la misión táctica “Jabato”, cuando el primer pelotón de la compañía Dragón del Batallón de Contraguerrilla 94, perteneciente a la Brigada Móvil 14 del ejercito Nacional se encontraba en operaciones en la vereda Hondura del municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, en donde se sostuvo combate con un grupo emergente al servicio del narcotráfico denominado “Los Machos”, dejando como resultado la muerte de Gustavo de Jesús Zuleta Cano.

De acuerdo con el Ejército, el Señor Zuleta Cano, fue dado de baja en desarrollo de los enfrentamientos registrados el día 24 de julio, sin embargo, según las versiones de los habitantes de la región, se trataba de una persona que trabajaba en labores del campo en el corregimiento de Puerto Nuevo del municipio de Versales, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército.

Consideró la Procuraduría General de la Nación que el Capitán Carlos Onofre Baenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los Soldados Profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón Díaz pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por el homicidio del Señor Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con la Ley 734 de 2002.

Al elevar el pliego de cargos, el ministerio público reprochó a los servidores investigados que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al DIH

“Desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitución de la fuerza pública, como es la protección a la vida, e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos “, concluyó la decisión adoptada por el ministerio público.