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Procuraduría imparte instrucciones para garantizar derechos de las víctimas de Trujillo (Valle)

Bogotá, 9 de octubre de 2008. El Procurador General de la Nación impartió instrucciones precisas para garantizar los derechos de las víctimas de los hechos violentos sucedidos en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca).

El Jefe del Ministerio Público expidió una directiva, con fundamento en la investigación y las recomendaciones realizadas por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación (CNRR) sobre los hechos ocurridos antes y después de la «masacre continua» sucedida en ese municipio desde 1989 hasta 1994.

Con base en las recomendaciones contenidas en esta investigación, el jefe del ministerio público instó a la CNRR a construir el «Universo Único de Víctimas de Trujillo», que identifique con la mayor precisión la identidad de las víctimas, las circunstancias de las violaciones a los Derechos Humanos de las que fueron objeto y la documentación pública que soporta tales registros.

Así mismo, solicitó a dicha Comisión un «Mapeo de la Violencia», que muestre la escala, naturaleza y alcance de la violencia sufrida por las víctimas de los hechos violentos sucedidos en Trujillo, enfatizando en la violencia de género y de contenido sexual así como el impacto que ha tenido el conflicto armado interno en la comunidad.

En su pronunciamiento, el señor Procurador hizo un llamado a las instituciones con competencia en el tema para que brinden apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que brindan atención psico-social a las víctimas de los hechos violentos referidos, para garantizar el acceso prevalente y diferencial de éstas a los programas de atención, los cuales deben incluir líneas especiales para atender los traumas resultantes de la violencia de contenido sexual.

Para diseñar y hacer público estos documentos, el ministerio público fijó un plazo de 60 días a las entidades requeridas.

De otra parte, solicitó respetuosamente al Presidente de la República, considerar la posibilidad de suspender el trámite de extradición del señor Diego León Montoya alias «Don Diego» hasta tanto éste concluya totalmente su confesión ante la justicia Colombiana, especialmente en lo relacionado con los hechos violentos sucedidos en Trujillo (Valle).

El Ministerio Público también instó al Ministerio de Defensa Nacional. En primer lugar lo exhortó a realizar un acto público de petición de perdón a las víctimas de los hechos violentos acaecidos en Trujillo.

Igualmente, solicitó a este Ministerio y al DAS, manifestar públicamente su compromiso con la verdad y con el respeto y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, y dar cuenta a la Procuraduría sobre «los informes de inteligencia relacionados con las víctimas de esta masacre y rectificar y eliminar las posibles referencias e imputaciones acerca de la supuesta pertenencia o afinidad de aquellas con los grupos armados ilegales de los que fueron víctimas si no están amparadas en decisiones judiciales ejecutoriadas».

En la directiva también solicita a los ministerios y demás entidades municipales y departamentales competentes que adelanten las acciones necesarias para garantizar la cobertura total del Sistema de Seguridad Social en Salud y el acceso al Sistema General de Pensiones en el municipio de Trujillo, se evalúen las necesidades de infraestructura educativa, se desarrollen proyectos de construcción, remodelación, dotación y ampliación de dicha infraestructura, renombrando estas instituciones con los nombres de las victimas de estos hechos.

Finalmente, exhortó a la Dirección Nacional de Estupefacientes al Incoder y a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional a realizar un «inventario de los bienes raíces incautados y cuyo dominio haya sido extinguido en el municipio de Trujillo, para que procedan a la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios, a la redistribución de los bienes raíces cuya extinción se haya dispuesto y a la asignación de los bienes incautados a depositarios de la zona que hayan sido víctimas de los hechos violentos sucedidos en Trujillo» y presentarlo dentro de los siguientes 60 días calendario.

Por su parte, la Procuraduría diseñará un plan de acción para agilizar las investigaciones disciplinarias en curso por graves violaciones a los Derechos Humanos en el caso de los hechos acaecidos en Trujillo. La Procuraduría también, previa concertación con la comunidad y las autoridades de Trujillo, tomará las medidas necesarias que permitan el acopio, la preservación y la custodia de los archivos no judiciales y la documentación relacionada con los hechos violentos sucedidos en Trujillo, que se encuentren allí y en otros municipios.

Así mismo, a través de Delegada para el Ministerio Público en Asuntos legales deberá estudiar la viabilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo absolutorio de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Orden Público el 20 de septiembre de 1991.