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PGN solicita a la Corte Suprema de justicia cerrar radicado de la parapolítica

Bogotá, 8 de octubre de 2008. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia se cierre el radicado en el que se incorporan de manera genérica la totalidad de la información de la llamada “parapolítica”, pues podría llegar a vulnerarse el derecho al debido proceso.

Para el Ministerio Público cuando se inició la gestión investigativa la Corte Suprema de Justicia abrió un radicado el 7 de diciembre de 2006, como legalmente debe hacerse, pero ha mantenido el mismo de manera indefinida hasta la fecha, cuando es una actuación que debe cumplir dos requisitos legales: por un lado tener una duración máxima de seis meses e igualmente realizar una identificación clara de los presuntos implicados.

En lo detectado por la Procuraduría se evidencia que en la práctica se incorporaron a este radicado toda suerte de información procedente de diversas fuentes – humanas, documentales etc. – referida, de manera genérica, desde el nivel local al nacional y en la medida en que en la indagación previa iba dejando al descubierto algún señalamiento específico se desglosaban los medios para organizar otras diligencias o para incorporarlos a otra actuación.

En la normatividad legal vigente la investigación previa busca individualizar o identificar a los autores o partícipes de una conducta punible estableciendo si los hechos han tenido ocurrencia, si la conducta está descrita como delito y si hay responsabilidad en la misma.

Para la Procuraduría “si un ciudadano manifiesta a la judicatura, de forma genérica y por cualquier vía, que cuenta con información que puede ser de utilidad al interior de un trámite judicial, previo a escucharlo en diligencia de declaración, se debe determinar la identidad de la persona cuya posición podría, eventualmente, comprometerse.”

Según el Ministerio Público la anterior claridad puede ser realizada a través de una entrevista de policía judicial lo que permitiría la citación de los interesados y la salvaguarda de los derechos de defensa – técnica y material-, contradicción y debido proceso, pues no es lo mismo refutar un señalamiento criminal en el momento en que éste se produce que hacerlo luego de su concreción.