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PGN elevó pliego de cargos a sargento del Ejército por presunto homicidio de personas protegidas

Bogotá, 7 de octubre de 2008. Por presuntamente participar en las retenciones y homicidios de una mujer y un menor de edad ajenos al conflicto armado y como tal protegida por el Derecho Internacional Humanitario y por colaborar con grupos armados al margen de la ley, la Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el Sargento Segundo del Ejército Nacional, Juan Pablo Sierra Daza.

Según los hechos descritos, al Sargento Segundo Sierra Daza se le atribuye el haber retenido y dar muerte entre los días 7 y 24 de noviembre del 2004 al menor de edad Juan Guillermo Gutiérrez Sánchez y la Señora Rosa Benavides, quienes fueron encontrados en un aljibe en el área rural de la vereda Arizona, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

De igual forma, al parecer el 25 de octubre del mismo año, el Sargento, miembro activo del Ejército Nacional, orgánico del Batallón BPEEV No 9 y Comandante del Segundo Pelotón de la compañía Austria Dos, con varios hombres armados, reunió a la población de la veredas Arizona y Picudo del municipio de Puerto Caicedo del departamento del Putumayo en un billar y se presentó como un grupo de paramilitares, amenazándolos para que colaboraran con ellos.

Al elevar el pliego de cargos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó que al parecer Sierra Daza desbordó la función pública asignada, pues en una forma dolosa desvió esa actividad legítima del estado y ejecutó una conducta que trascendió la misión constitucional de la Fuerza Pública, como es la protección a la vida e integridad de las personas.

Señaló que con su presunta actuación pudo haber incurrido en una violación gravísima a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, enmarcada en el artículo 48, que refiere el caso de retenciones y los homicidios en persona protegida, conducta violatoria de los cuatro convenios de Ginebra, ratificados por el Estado colombiano.

“El precepto determina que las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades del conflicto interno que pueda vivir un Estado, quedan amparadas por las normas del derecho internacional humanitario como personas protegidas y que como tal no pueden ser objeto de atentados contra su vida o integridad personal. Esta norma esta desarrollada y complementada por el Protocolo II de Ginebra que prohíbe el homicidio en todas sus formas.