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Por pagos irregulares pliegos de cargos a cuatro ex funcionarios de la gobernación de la Guajira

Bogotá, 3 de octubre de 2008. Por haber realizado pagos dobles y triples a pensionados, la Procuraduría Regional de La Guajira levantó pliego de cargos contra los ex funcionarios de la Gobernación de la Guajira Eclimer de Jesús Gómez Rodríguez, Carlos Alberto Román Guerra, Rafael Cristóbal Celedón Soracá y Danilo Rafael Araujo Daza.

Los hechos que dieron origen a la decisión tuvieron lugar entre el 10 de junio de 2003 y el 7 de octubre de 2004 en el departamento de la Guajira, cuando al parecer los ex funcionarios de manera irregular cancelaron por pensiones de jubilación a Amarilis Moscote Calderón y Asdrúbal Henríquez Freyle -2 pagos-; y a Juana Beatriz Anichiarrico Espinosa y Crucelfa Moscote Calderón -3 pagos.

Para la época de los hechos Eclimer de Jesús Gómez Rodríguez y Carlos Alberto Román Guerra desempeñaron el cargo de Tesorero General del Departamento, en tanto que, Rafael Cristóbal Celedón Soracá y Danilo Rafael Araujo Daza se desempeñaron como Jefes de la Oficina Jurídica.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de culpa toda vez que los disciplinados actuaron desatendiendo en forma elemental sus deberes funcionales, sin tener en cuenta la responsabilidad por el cargo que desempeñaban, ya que realizaron pagos e hicieron transacciones en demandas laborales sin previamente revisar los archivos de las dependencias en las que laboraban ni comunicarse entre las dependencias relacionadas con procesos judiciales y pagos.

En palabras de la Procuraduría se “presume que los disciplinados al desempeñar los cargos de Tesoreros y Jefes de la Oficina Jurídica de la Gobernación de la Guajira, poseían por mandato legal la atribución de promover de manera autónoma de acertada gestión, a fin de que no se produjera un detrimento al erario público al realizar dobles y triples pagos correspondientes a la pensión vitalicia de jubilación a algunos ciudadanos.
En la misma sentencia la Procuraduría decretó la prescripción de la acción disciplinaria a favor de Mary Luz Almazo Bruges, quien se había desempeñado como funcionaria de la Secretaria General de la Gobernación de la Guajira y había sido incluida dentro del proceso por haber participado en la revisión de los documentos para obtener la pensión de la señora Crucelfa Moscote.