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PGN llama la atención sobre las nuevas exigencias y desafíos de la administración pública en nuestro país


Bogotá, 2 de octubre de 2008. La administración pública en Colombia debe ser más humana, renovada, donde predomine una cultura en la que el ciudadano y las empresas sean el centro de toda actividad.

El pronunciamiento fue formulado por la Procuraduría General de la Nación durante el Foro «Modernización del Estado: Nuevas exigencias y desafíos del Ministerio Público» realizado recientemente.

Durante este encuentro, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública presentó un balance acerca de la modernización de la administración pública, en el marco de la Ley 489 de 1989 que definió los principios y reglas básicas de su organización y funcionamiento en Colombia.

Para la Procuraduría existen aspectos fundamentales que deben continuar mejorándose y que con la referida Ley 489 siguen siendo temas de primer orden.
Al referirse al primero de éstos aspectos, relacionado con la humanización de la administración pública el ministerio público manifestó un interés especial por la participación ciudadana y sus mecanismos. «Participar significa “decidir junto con otros” exige que en la toma de decisiones se garantice el reconocimiento y respeto al derechos libre a la información y a la comunicación, a la participación en las decisiones de la administración y el acceso a la documentación pública».

Las instancias de participación, en especial las veedurías ciudadanas, han permitido un papel activo a los ciudadanos en los asuntos públicos, evaluando y retroalimentando la gestión pública para orientar sus propósitos hacia los fines sociales del Estado, es así como en l ley 850 de 2003, creó la red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, en donde participa activamente la procuraduría, la cual tiene como objeto apoyar legalmente, capacitar y promover las Veedurías Ciudadanas.

Para la Procuraduría es claro que esta responsabilidad como red obliga a los diferentes actores a organizarse para concretar en acciones estratégicas y coordinadas interinstitucionalmente, las tareas fijadas en la mencionada ley y es por ello, que se ha formulado, el Reglamento de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, el cual contienen las instancias para la decisión y ejecución de las actividades y principios que orientarán su accionar, reglamento que se espera suscribir por parte de los representantes legales que integran a misma.

En segundo lugar la administración pública no puede conformarse o darse la idea que es suficiente tecnificarse sin crear valor a partir de su uso o la utilidad que ello representa en términos éticos en cuanto a la responsabilidad que la misma tiene con las futuras generaciones.

En ese sentido el ministerio público manifestó que la tecnología debe ser accesible, útil e interactiva y la administración debe comprometerse con la entrega de información oportuna y clara a través de sus portales y páginas web. Además, «los productos, servicios y contenidos que, por ejemplo, a través de las ventanillas únicas se ofrecen deben ser simples y unificados de manera que permita que la información fluya facilitando al ciudadano hacer vales sus derechos sin necesidad de abogados y tramitadores y sin costos mayores y procedimientos largos y engorrosos».

Por último, y al referirse a la gestión del cambio en el sector público, la Procuraduría señaló: nuestro compromiso «debe orientarse a lograr calidad en la administración que correlativamente produzca calidad de vida de los ciudadanos y reconocimiento de los derechos propios de una sociedad democrática».