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Por manejo irregular de transferencias, PGN impone maxima sanción a ex alcalde de Barbacoas

Bogotá, 29 de septiembre de 2008. Con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cualquier función pública, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex alcalde del municipio de Barbacoas, Nariño, Carlos Quiñones Landazuri.

La determinación fue asumida por el ministerio público al comprobar que el exmandatario municipal no hizo las transferencias del sistema General de Participaciones – propósito general-, y la ejecución de más de 82 millones de pesos durante la vigencia 2002 y más de 95 millones de pesos durante el 2003 para los Resguardos Indígenas AWÁ, girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito público.

En fallo de primera instancia, el ministerio público aseguró que al no haber cumplido con dicha función, se dio lugar a una aplicación diferente a los recursos de destinación específica.

Consideró que en su condición de alcalde municipal de Barbacoas, no hizo las transferencias al concejo municipal para el pago de honorarios y nómina correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2003, incurriendo en la violación de las normas de la Constitución y las leyes, en el cumplimiento de sus funciones y los principios de la contratación Estatal, pues no tuvo en cuenta que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad.

Afirmó el fallo que de acuerdo con la Ley Penal, el entonces alcalde incurrió en el delito de peculado por aplicación oficial diferente, que se tipifica cuando el servidor público cambia la destinación de los recursos cuya administración tiene por virtud de la dignidad que ostente, o los invierte o no los utiliza en la forma prevista. No se trata de todos los recursos, sino de aquellos que están destinados a la inversión social o al pago de salarios y prestaciones de los servidores.

“Esta claro, no actuó con transparencia, como se desprende de todas y cada una de las argucias que desplegaba para eludir los requerimientos de los representantes de las comunidades indígenas. No actuó con responsabilidad, ni con eficacia, por cuanto, a pesar de tener los dineros a su disposición, los distrajo, perjudicando los fines definidos no sólo en la ley sino en los convenios firmado”, anotó la decisión de la Procuraduría que calificó las faltas como gravísimas y a título de dolo.