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PGN apoya participación de Colombia en la Corte Penal Internacional

Bogotá, 15 de Septiembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional que apruebe la norma que integra a nuestro ordenamiento legal el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

El concepto de la Procuraduría se realiza teniendo en cuenta que la creación y fortalecimiento de una Corte Penal Internacional se considera como la única forma de garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie, guerra y de proscribir los más graves crímenes contra la humanidad, así como también evitar la impunidad de los detentadores transitorios de poder o de los protegidos por ellos, hasta la más alta jerarquía.

El “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional hecho en Nueva York el 9 de septiembre de (2002)” tiene por objeto garantizar, entre otros, el correcto funcionamiento de la Corte Penal Internacional, por cuanto éste, que es un instrumento complementario del Estatuto de Roma, va encaminado a brindar un marco jurídico que permita la protección de los funcionarios, el personal, las victimas, los testigos y todas las demás personas, bienes y recursos relacionados con la labor de dicho organismo.

Lo anterior, toda vez que las investigaciones y enjuiciamientos se verían limitadas sin la adopción de privilegios e inmunidades, que permitan que el Tribunal ejerza su loable labor de forma independiente, eficaz y efectiva, y sin que se vean en peligro la capacidad del personal de la CPI, los investigadores y los testigos entre otros.

En el concepto se enfatiza que el gobierno colombiano considera que a través de la aprobación y ratificación del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional se crean unas herramientas que garantizan la labor que debe cumplir la Corte Penal Internacional y que permiten avanzar con la tendencia mundial de sumar esfuerzos encaminados a dotar al mundo de una Corte Penal permanente, efectiva e independiente garantizando la reparación a las víctimas y enviando un mensaje de valores sociales a las nuevas generaciones respecto al cumplimiento de la obligación estatal de buscar mecanismos para asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

 

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