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Procuraduría insta a mandatarios del Quindio a eliminar criaderos de animales en perímetros urbanos

Bogotá, domingo 14 de septiembre de 2008. En atención a la solicitud elevada por la Procuraduría General de la Nación de eliminar las porquerizas ubicadas en perímetros urbanos del departamento del Quindío, la alcaldía Municipal de Armenia adoptó las medidas administrativas y de policía para solucionar esta problemática.
La solicitud fue elevada por la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental con sede en Manizales – Eje Cafetero, a todos los Alcaldes del departamento del Quindío, para que adelanten las gestiones necesarias con el fin de eliminar la irregular e inexcusable situación de existencia de porquerizas de traspatio en el área urbana de su jurisdicción, que además conlleva una situación de hecho, sin permiso legal sanitario, de planeación o ambiental que deriva en sacrificio ilegal de animales para consumo humano, sin exámenes ante y post mortem.
En respuesta a esta solicitud, la alcaldía de Armenia, expidió un decreto sobre el tema, y ha proyectado la elaboración de un censo de los criaderos en el término de tres meses a partir de la publicación del decreto, la suscripción de un acta de compromiso de retiro de los animales con el propietario o tenedor y la articulación de la Secretaría de Desarrollo Económico con otras dependencias o entidades públicas o privadas, para la búsqueda de alternativas que permitan emprender una nueva actividad productiva, durante el lapso total de todo este proceso.

La Procuraduría señaló que esta clase de actividad en la zona urbana genera problemas de convivencia, riesgo grave de la salud humana, deterioro al ambiente y los recursos naturales por olores, moscas, roedores, residuos líquidos y residuos sólidos, entre otros.

Así mismo hizo alusión al Decreto 2257 de 1986 expedido por el hoy Ministerio de la Protección Social el cual prohíbe la explotación comercial y el funcionamiento de criaderos de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro de los perímetros urbanos definidos por las autoridades de Planeación Municipal.
Finalmente, el ministerio público recordó que el incumplimiento de los preceptos constitucionales y legales por parte de los mandatarios los convierte en sujetos de actuación disciplinaria en su contra, por encontrarse inmersos en falta disciplinaria inclusive gravísima, sancionable con destitución e inhabilidad general para el desempeño de funciones públicas de 10 a 20 años.

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