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PGN solicita modificación en régimen de concesiones de puertos

Bogotá, 12 de Septiembre de 2008. Por considerar que se vulnera el derecho a la participación en la vida económica, la igualdad, el acceso a la propiedad y la libre competencia económica la Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional, condicionar la vigencia de la norma que establece el plazo y las prorrogas de los contratos de concesión de los puertos marítimos.

La norma que el Ministerio Público solicita se condicione está contenida en el Estatuto de Puertos Marítimos y establece que “El plazo de las concesiones será de veinte años por regla general. Las concesiones serán prorrogables por períodos hasta de 20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser mayor, a juicio del Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones razonables de operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas, o para estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos.”

En ese sentido, se entiende que las concesiones portuarias se definen como un contrato en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva, las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, los distritos y los municipios donde operen los puertos; aclarando que este tipo de contratos son usados por los estados, en general, para la satisfacción de sus necesidades cuando no poseen los recursos suficientes para hacerlo directamente, o por razones de eficiencia en la administración o mantenimiento de obras o servicios públicos.

En el anterior contexto, el Ministerio Público estableció que las prorrogas indefinidas o sucesivas contempladas en la ley para los contratos de concesión portuaria son contrarias a la Constitución Política porque otorgan un tratamiento privilegiado a quienes vienen siendo concesionarios que excluye a las demás personas que estén en la misma capacidad de participar en los procesos de concesión que deben reemplazar los contratos cuya vigencia esté próxima a finalizar

Es por esto, que el Procurador General solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la regulación sobre plazo y prorroga de las concesiones portuarias pero bajo el entendido que el plazo de 20 años para otorgarlas se debe tener como máximo, y que solamente es procedente la prorroga de esos contratos por una sola vez y de manera excepcional por razones o necesidades de orden público ó derivadas de circunstancias que sean imprevisibles para las partes al momento de contratar ó para preservar el bien común de la empresa concesionaria, y únicamente, por el tiempo que sea necesario para corregir o atender en debida forma las situaciones que se presenten como consecuencia de las razones excepcionales aludidas.

 

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