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Por no atender necesidades de población desplazada sancionada ex alcaldesa de Barrancas (La Guajira)

Bogotá, 11 de septiembre de 2008. Por no adoptar las medidas necesarias para la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia en el municipio de Barrancas, la Procuraduría Regional Guajira, sancionó a la exalcaldesa de ese municipio, Yandra Cecilia Brito Carrillo

Para el ministerio público, la alcaldesa de Barrancas para las vigencias 2006 y parte del 2007, no priorizó la ejecución de los presupuestos a la atención a la población afectada por el accionar de grupos armados al margen de la ley.

Señaló el fallo de primera instancia, que está comprobado que para la vigencia del 2006 el municipio de Barrancas destinó 35 millones de pesos para atender a los desplazados, fondos que además de ser insuficientes no fueron utilizados pese a los requerimientos hechos por dicha población que en total corresponde a 113 hogares.

Anotó que si bien se han realizado programas de los cuales seguramente se ha beneficiado parte de esta población, en este caso específico se está desconociendo lo ordenado por la Corte Constitucional, en el sentido de brindar un trato preferente, tal como se ha venido exigiendo por parte del ministerio público.

Resaltó además que la alcaldesa como miembro del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada y por tener la obligación de presidir el mismo, pasó por alto la obligación de destinar de manera específica en el presupuesto los recursos para atención, prevención y protección de la población desplazada como lo dispone el decreto 2569 de 2000.

Al imponer la sanción recordó que el tema de desplazamiento, constituye un sector prioritario, “vulnerable entre los vulnerables” que reclama atención inmediata, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

Al calificar la falta como gravísima, la Procuraduría Regional de Guajira ordenó la suspensión de la funcionaria en el cargo por el término de cinco meses en atención del daño social ocasionado y la afectación de derechos fundamentales a la población desplazada. Por no ejercer en la actualidad dicho cargo, la sanción se traduce en multa de acuerdo con la asignación básica mensual para la época de los hechos.

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 Actualizado: 17.02.2010-->