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Pensión para los familiares de los fallecidos en servicio militar obligatorio sin condicionamientos a la edad pide la PGN

Bogotá, 10 de septiembre de 2008. Por considerar como violatorio del derecho a la igualdad y constituyente de una exigencia desproporcionada la Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional, declarar inconstitucional el requisito de edad impuesto a los padres para ser beneficiarios de la pensión vitalicia otorgada en caso de la muerte en ejercicio de sus funciones, de una persona que presta el servicio militar obligatorio.

En el análisis que hace el Ministerio Público, se estableció que el requisito de 50 años impuesto a los padres en la ley como condición para recibir la pensión, viola su derecho a la igualdad, pues a quien tiene el derecho de pensión por supervivencia la normatividad general no le impone tal carga, dado lo cual es desproporcionado e inequitativo hacerlo en este caso.

La prestación que se pide modificar fue establecida desde el año 1998 para beneficiar al núcleo familiar de quien presta el servicio militar ya sea en las F.F.A.A. o en la Policía, y que resulta muerto en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.

El beneficio que se entrega, que es una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo mensual vigente, inicialmente se había establecido sólo a favor de los padres, sin embargo, la Corte Constitucional en pronunciamientos del año 2002 la modificó al establecer que en el caso de que el soldado fallecido tuviera hijos estos serían los primeros en tener el derecho; sin que en ningún caso pueda excluirse de los beneficios a la cónyuge o compañera permanente del fallecido.

Concluye la Procuraduría que la prestación definida en la Ley 447 de 1998 debe propender por la protección integral de la familia en los precisos términos de la jurisprudencia porque este deber se encuentra en cabeza del Estado, máxime cuando se trata de miembros de la Fuerza Publica a quienes la ley conmina a prestar el servicio militar obligatorio en aras de la defensa nacional y la protección de las instituciones democráticas.

Finalmente manifiesta la Procuraduría que el requisito relativo a la edad es una carga desproporcionada que hace nugatorio el derecho en cuanto desnaturaliza el fin legalmente perseguido con la promulgación de la disposición cual es el de amparar a un grupo de familias en especiales circunstancias de desprotección, que pierden a su hijo prestando servicio militar obligatorio.

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