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Eliminada la recertificación de tarjetas profesionales en el sector salud

Bogotá, 10 de septiembre de 2008. Acogiendo el concepto de la Procuraduría la Corte Constitucional eliminó del ordenamiento jurídico la norma que fijaba la recertificación o nueva certificación de idoneidad profesional como requisito para continuar en su labor para los profesionales de la salud.

La norma que fue dejada sin efecto, pretendía que los egresados de los programas de educación en salud, que ya contaban con su tarjeta profesional, certificarán nuevamente su idoneidad profesional a través de la recertificación en forma periódica, para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad del personal en la prestación de los servicios de salud.

En la sentencia la Corte aclaró que ejercer una profesión es un derecho constitucional y que para ser reformado deben cumplirse no solamente los requisitos legales sino también tener en cuenta el impacto social de la decisión pues no solamente “ el Estado ha generado confianza sobre la idoneidad del profesional con el título que le confirió, sino también porque el titular del derecho enfocó su vida laboral, económica y social alrededor de la disciplina que escogió como instrumento de desarrollo personal y familiar.”

Aclaró eso sí el Alto Tribunal, que el legislador puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones, tanto aquellos que confieren la calidad de profesional, como reconocimiento académico y habilitan para el ejercicio de una profesión, como aquellos que con posterioridad a ese reconocimiento, se dirigen a comprobar la idoneidad del desempeño profesional como requisito fundamental para continuar con su ejercicio, pero que no es viable presentar tal exigencia si esta no es acompañada de una política pública educativa que diversifique, amplíe y controle la oferta de educación en el área de la medicina.

Así mismo, la Alta Corporación consideró que las normas impugnadas, por tratarse de una restricción en el ejercicio de las profesiones, compromete el núcleo esencial del derecho a escoger profesión u oficio, y por tanto, para su desarrollo se requiere el procedimiento legislativo estatutario.


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