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En Casanare, Meta y Villavicencio, investigación disciplinaria a responsables de manejo irregular de regalías y sistema general de participaciones

Bogotá, 4 de septiembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación inició investigaciones disciplinarias contra los responsables de los entes territoriales que realizaron inversiones en patrimonios autónomos incurriendo en el manejo irregular de los recursos públicos.

Con base en una denuncia formulada por la Contraloría General de la República, el ministerio público realizó seguimiento a las inversiones efectuadas por las gobernaciones de Casanare y Meta y por el municipio de Villavicencio, con el objeto de establecer si los dineros invertidos en los patrimonios autónomos que su plazo venció en el primer semestre del año, habían sido recuperados.

Señaló que en municipio de Villavicencio vencieron cuatro inversiones por 5.500 millones de pesos así: Aseo Buenaventura-Fiduciaria del Valle, 800.000; Proyectar- Fiduagraria 2.000 millones de pesos; y Coocafe-Fiduciaria del Valle 4.000 millones de pesos. Los recursos no fueron reembolsados al municipio, a pesar que el ente territorial realizó diferentes reuniones y comunicaciones, tanto a los gerentes de las empresas dueñas de los patrimonios, como a las fiduciarias y a los intermediarios, solicitando incluso la redención anticipada.

En la Gobernación del Meta, el panorama es más crítico puesto que se vencieron 15 inversiones por 59.611 millones de pesos distribuidos así: Coocafe-Fiduvalle 4.611 millones de pesos; Proyectar Fiduagraria 12.000 millones de pesos; Carbonero-Fiduagraria 5.000 millones y Cosacol-Fiduagraria 38.000 millones de pesos que posiblemente no fueron cancelados oportunamente.

En cuanto a la Gobernación de Casanare, el ministerio público señaló que al parecer se vencieron tres inversiones por 21.072 millones de pesos así: Cosacol-Fiduagraria 11.000 millones; Chacon-Bernal-Fiduagraria 2.579 millones y Green Mountain Consulting-Fiduagraria 7.493 millones de pesos, que aparentemente no fueron cancelados oportunamente.

Para la Procuraduría General de la Nación esta situación es alarmante puesto que al parecer las inversiones se efectuaron sin cumplir las exigencias legales para el manejo de dineros públicos, lo que ha llevado a que sea difícil recuperar estas considerables sumas.

Finalmente aseguró que de los 87.183 millones de pesos que no se han podido redimir, 73.072 millones corresponden a dineros de Regalías y del Sistema General de Participaciones que tienen destinación específica para inversión en el cubrimiento de las necesidades básicas de la población.

 

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