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Corte Suprema de Justicia acogió concepto de Procuraduría y confirmó condena a jefe que violó el derecho a la intimidad de su empleada

Bogotá, domingo 31 de agosto de 2008. Por violar el derecho a la intimidad de una de sus trabajadoras al tomar fotos y videos de su imagen y disponer de una cámara en el baño de mujeres, la Corte Suprema de Justicia, acogiendo un concepto de la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, confirmó la condena a Franz Augusto Lagos Grisales.

La sentencia de primera instancia fue emitida por el Juzgado Municipal de Descongestión de Pereira el 8 de septiembre de 2005 ordenado el pago de una sanción económica por parte del demandado a la afectada; posteriormente, el 7 de abril del 2006, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira revocó el fallo condenatorio.

La Procuraduría General de la Nación conceptuó que dentro del género de conductas que atentan contra la libertad individual y otras garantías de que trata el Código Penal, los delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo, tienen por objeto preservar el derecho a la intimidad que la Constitución otorga a todas las personas, no sólo en el ámbito de su domicilio, sino también en el lugar de trabajo.

Recordó que el patrono no tiene derecho de invadir el ámbito de privacidad de libre disposición del trabajador. Los baños y áreas destinadas al cuidado personal e intimo de las empresas, ya sean públicas o privadas, no puede ser objeto de intrusión y la vigilancia en espacios privados debe tener sus restricciones en preserva del derecho a la intimidad de los trabajadores.

Consideró que el Señor Lagos Grisales, sometió a la víctima a tomas fotográficas, y la cámara instalada en el baño estaba conectada a su computador personal violando con ello el derecho a la integridad personal.

La condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago solidario por parte del demandado Franz Augusto Lagos Grisales por perjuicios materiales a favor de la víctima en cuantía de 73.63 salarios mínimos legales mensuales vigentes; de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales y un salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Dirección Nacional del Tesoro Nacional.

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