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Destituidos e inhabilitados ex alcaldes municipales de Aguazul y Monterrey, Casanare

Bogotá, 29 de agosto de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en sus cargos a los ex alcaldes de los municipios de Aguazul y Monterrey Casanare, en desarrollo de una investigación por irregularidades en el manejo del presupuesto, la actividad contractual y diversos actos tendientes a la subsistencia, financiación y colaboración con las denominadas autodefensas campesinas del Casanare.

Los hechos objeto de investigación se presentaron durante el periodo el periodo comprendido entre el año 2004 y el año 2007, cuando Aleyder Castañeda Ávila y Leonel Roberto Torres Arias, se desempeñaron como alcaldes de estas poblaciones.

El fallo de primera instancia que ordenó además de la destitución, la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años, señaló que la señora Castañeda Ávila en su calidad de alcaldesa del municipio de Monterrey celebró contratos sin autorización del concejo municipal durante los meses de enero y febrero del 2004, 1 de enero a 31 de mayo de 2005, 1 de octubre al 17 de noviembre del 2005, 1 de diciembre a 31 de diciembre del 2006 y primer trimestre del 2007.

De acuerdo con la investigación disciplinaria tampoco se elaboraron los diseños requeridos para la contratación del proyecto de optimización de la planta de tratamiento de agua potable y construcción de línea de conducción del sistema de acueducto del municipio.

Para el ministerio público, la ex funcionaria es responsable disciplinariamente por la omisión en la elaboración de los diseños requeridos para la contratación de las obras de construcción de los acueductos guadualito, la Tigrana y Bellavista, objeto de varios convenios suscritos entre la alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos del municipio.

Por su parte el Alcalde municipal de Aguazul, Leonel Roberto Torres Arias fue declarado disciplinariamente responsable de ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos municipales durante marzo, abril y mayo de 2007 sin que previamente hubiese sido decretado por el concejo municipal, requisito que tampoco fue tenido en cuenta en la celebración de contratos a nombre del municipio entre enero y mayo del 2007.

En el fallo de primera instancia proferido en contra de este funcionario, la Procuraduría consideró que el funcionario al contratar directamente con una empresa la ejecución de obras de construcción por más de 1.400 millones de pesos, violó las normas contenidas en la ley 734 de 2002 y la ley 80 de 1993.

Recordó que el principio de responsabilidad apunta a que los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual actúen en el estricto marco de la legalidad, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que les corresponde.

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