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Acogido concepto de la PGN sobre el sistema de administración de personal en el sector defensa

Bogotá, 28 de agosto de 2008. Acogiendo el concepto de la Procuraduría la Corte Constitucional declaró que son contrarias a la Constitución las normas que otorgaban funciones especiales de administración de carrera a entes diferentes a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El fallo del Alto Tribunal dejó sin efectos los artículos relacionados con la administración de personal y los concursos de méritos del sector defensa que atribuían funciones propias de la Comisión Nacional del Servicio Civil a otras dependencias como el Grupo de Talento Humano, las direcciones de Sanidad Militar y de Sanidad de Policía Nacional, entre otras, teniendo en cuenta que los mencionados concursos deben ser administrados y vigilados sin ninguna excepción y con carácter obligatorio, por la Comisión, tal y como ocurre con el sistema general de carrera.

La decisión se fundamenta en el hecho de existir una competencia exclusiva en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil como ente “responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos” y en el hecho de que dicha Comisión es una institución estatal única, autónoma, de carácter permanente y del nivel nacional, que concreta su propósito en la implementación del sistema de carrera por concurso público que evita en los empleos del Estado el uso de factores subjetivos de valoración, como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, que chocan con el adecuado ejercicio de la función pública.

En la sentencia se enfatiza que en nuestro país existen dos sistemas especiales de carrera; unos de origen constitucional, como el que rige en la rama Judicial, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Fuerza Pública y los sistemas especiales de creación legal, o por voluntad del legislador, valga decir: los que se aplican al DAS, el INPEC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la DIAN, la carrera diplomática y la carrera docente.

Cabe precisar que en el caso del sector defensa, la administración de personal se establece de manera separada en dos formas definidas de acuerdo a las funciones que desempeñan los trabajadores; ya que, de una parte están las que corresponden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y que son en estricto sentido, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y libertades y el aseguramiento de la convivencia pacífica entre los habitantes del territorio nacional y, de otro lado, las del personal civil no uniformado que presta sus servicios en labores administrativas y de apoyo a la Fuerza Pública, siendo este último el que debe ser administrado por la citada Comisión.

En la sentencia se decidió igualmente que se mantiene la posibilidad de proveer cargos del sector defensa de manera provisional o por encargo con miembros en servicio activo de la Fuerza Pública, pero solo cuando esto sea estrictamente necesario con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

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