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Por recibir dádivas, Procuraduría elevó pliego de cargos a funcionarios del Incoder

Bogotá, 28 de agosto de 2008. Por presuntamente recibir dádivas para adjudicar parcelas a cargo del INCODER y la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría Regional de Magdalena elevó pliego de cargos a Yamil Said Hamid y Alex Rafael Creuss Lapeira, funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Los hechos se presentaron el día 6 de septiembre de 2005, cuando los funcionarios Said Hamid, Profesional Especializado y Creuss Lapeira, Técnico Operativo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, al parecer recibieron cada uno la suma de cinco millones de pesos para adjudicar al señor Alberto Mendinueta una parcela a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el INCODER.

Así mismo, se investiga la supuesta entrega de dos electrodomésticos, una nevera y un horno microondas al señor Said Hamid por parte del señor Mendinueta, quien se encontraba solicitando una adjudicación a INCODER en su condición de desplazado por la acción de grupos de autodefensas en el corregimiento de Caraballo en el municipio de Pivijay durante el año 2004 cuando perdió su finca, patrimonio del cual derivaba sus ingresos

Al parecer desesperado por su situación acudió ante los servidores públicos con el propósito de conseguir una solución a su problema, encontrando la exigencia de entregar sumas de dinero con la promesa de obtener la adjudicación de un predio.

A juicio del ministerio público los funcionarios pudieron haber incurrido en una falta de naturaleza gravísima, ya que su comportamiento es contrario a la normatividad legal pues, todo hace parecer que se aprovecharon de la naturaleza de su cargo para sacar beneficios adicionales.

Recordó que al incurrir en dicho comportamiento, los funcionarios objeto de estos pliegos de cargos pudieron incurrir de acuerdo con el Código Penal en el delito de cohecho, el cual se tipifica cuando el servidor público recibe para si o para otro, dinero u otra utilidad o acepta promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

La Procuraduría Regional del Magdalena reiteró que no se encuentra desvirtuado el posible quebrantamiento de las normas constitucionales y del Código único Disciplinario que rige el accionar de los funcionarios del Estado, el cual advierte que todos los servidores públicos deben ceñirse a los principios que rigen la función pública.

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