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Corte Suprema de Justicia pidió a PGN su intervención para hacer efectiva prisión domiciliaria a Yidis Medina

Bogotá, 21 de agosto de 2008. La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación adoptar las medidas necesarias para que el INPEC dé cumplimiento a la sentencia de la alta corporación que concedió prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina Padilla.

En carta enviada al titular del ministerio público, Edgardo José Maya Villazón, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, recordó que pese a que el fallo fue proferido hace casi dos meses, no ha sido ejecutoriado por decisión del entonces director del INPEC.

“Al pretenderse la efectividad del mecanismo sustitutivo, se encontró la Sala con una respuesta descomedida e inaceptable por parte del entonces director del INPEC, en la cual abusivamente, desde luego- y demorando concientemente el cumplimiento de la sentencia inquiría a la Corte acerca de la improcedencia de la sustitución, alegando que ella no procedía por vía de la Ley 750 de 2002, queriendo ignorar que precisamente la Sala había descartado tal mecanismo, aplicando en cambio por favorablidad las normas de la Ley 906/04. Semejante actitud de una autoridad administrativa frente a una judicial que no tiene cabida en un estado de derecho”, señaló uno de los apartes de la misiva.

Afirmó la Corte Suprema de Justicia que sobre el argumento de que contra la Señora Yidis Medina se emitió medida de aseguramiento sin excarcelación, para así evitar que pudiera abandonar el centro penitenciario no es más que una burda maniobra de desprecio por una decisión judicial.

“La claridad de la orden y de su condicionamiento no puede soslayarse ni siquiera por un guardián del INPEC, mucho menos por un director general, quien así impidió que la directora del penal pudiera hacer efectiva la sustitución”, anotó.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró en la carta dirigida al Procurador General de la Nación que, “el impedimento para que la condenada pasara en detención a su domicilio habría obedecido a la ley en el evento en que la corte hubiera decretado la libertad, pues en tal caso la condición impuesta por el Fiscal instructor estaría surtiendo plenos efectos legales.

La señora Medina ante el fallo de la Corte reconociéndole el derecho a la prisión domiciliaria debía y debe pasar a su residencia, desde luego privada de la libertad, con lo cual no han cesado los motivos de privación de ese derecho señalados condicionalmente por el instructor de la Fiscalía”.

Concluyó que al no existir la acumulación de medidas, la condena impuesta en un proceso a cuya disposición se encuentra el condenado prefiere por sobre una provisional medida de aseguramiento una decisión judicial.

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