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«El derecho a la verdad: un patrimonio posible»

Bogotá, 12 de agosto de 2008. La Procuraduría General de la Nación le apuesta a la verdad garantizando la memoria histórica del conflicto armado interno.

A la Procuraduría General de la Nación se le impone, en virtud del artículo 57 de la ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, la obligación de “adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad”.

En este sentido, la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos adelanta, en la actualidad, un proyecto de fortalecimiento de la gestión de la PGN en materia de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, compuesto por cuatro ejes temáticos: el derecho a la verdad, memoria histórica y conservación de archivos; la atención integral a las víctimas; el derecho a la reparación integral; y, la difusión y divulgación de dichos derechos.

En relación con el primero de los componentes se adelantó una fase inicial en la que se recogieron buenas prácticas nacionales e internacionales sobre el derecho a la verdad y la protección de archivos, y se elaboraron las bases de una política institucional de la PGN para la protección de archivos de derechos humanos.

Teniendo en cuenta los resultados de esta primera fase, se inició una segunda etapa, actualmente en desarrollo, orientada en principio a generar, con base en la estructura del archivo de la Procuraduría General de la Nación, la elaboración de los protocolos de identificación y selección de los archivos que en los niveles nacional, regional y provincial de nuestra entidad, sirvan para nutrir al archivo de la memoria de los derechos humanos, cuya custodia le corresponde al ente rector del Ministerio Público.

Asimismo la Procuraduría General de la Nación identificó en el Sistema General de Archivos, desarrollado en la Ley 594 de 2000, la necesidad de avanzar en alianzas estratégicas con los archivos del orden territorial para cumplir con la función que se le asignó, dadas las dimensiones del conflicto armado interno aún vigente en el país, el número de víctimas, aproximadamente 3’500,000, y la complejidad del mismo.

Al efecto, y gracias al compromiso y disposición de la Alcaldía de Bogotá, manifestada a través de la Dirección de su Archivo, se está tramitando un Convenio Interinstitucional para desarrollar el proyecto “El Derecho a la Verdad: Un Patrimonio Posible” que tiene por objeto en su primera fase: a) La reconstrucción de la memoria histórica a través de Fondos Documentales Históricos, la investigación socio histórica del derecho a la verdad y la exposición en espacios públicos de testimonios y objetos de recordación para las víctimas del conflicto armado interno y la sociedad en general; b) La promoción de obras y/o espacios de interés patrimonial en cooperación con otras entidades públicas para la recordación de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica; y c) La realización de un seminario internacional sobre “Archivos, memoria y patrimonio del derecho a la verdad: Experiencias de reconstrucción de una realidad” a celebrarse en el mes de noviembre del año en curso y al cual asistirán por lo menos seis (6) expertos internacionales en el tema.

Para la Procuraduría General de la Nación, el acopio, la conservación y la protección de los archivos no judiciales en los que se consignan los hechos sucedidos antes, durante y como consecuencia del conflicto armado interno que azota al país, es un deber constitucional y legal que se enmarca en el imperativo de garantizar la efectividad de los derechos humanos de la sociedad colombiana.

Así pues, los documentos, testimonios, archivos y en general, los objetos que den cuenta de las violaciones a los derechos humanos y al DIH, así como las narraciones de las víctimas sobre los hechos ocurridos en su región y los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra de los que fueron víctimas, y toda la información que en cualquier soporte explique la situación social, política y económica del país, toman un inusitado valor desde el punto de vista de la memoria colectiva, pues de su conocimiento general depende la garantía de no repetición de los hechos atroces y la materialización del deber de memoria a cargo del Estado.

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