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Sancionado ex agente especial de Emcali, por infringir  régimen de contratación estatal

Bogotá, sábado 2 de agosto de 2008.  Por adjudicar directamente un contrato eludiendo la licitación pública y entregarlo a quien no tenía capacidad para cumplir con su objeto, la Procuraduría General de la Nación, sancionó a Carlos Alfonso Potes Victoria, en su calidad de Agente Especial de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Consideró que el Señor Potes Victoria, quien para la vigencia de 2004 se desempeñaba como agente especial de Emcali, al adjudicar directamente el contrato de diseño y montaje plataforma tecnológica integral a la Fundación Parque Tecnológico de Software “PARQUESOFT”, eludió el proceso de licitación pública establecida en los artículos 21 y 23 del estatuto de contratación.

La comisión especial disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación recordó que cuando un particular decide ejercer funciones públicas de manera transitoria, adquiere el compromiso de cumplir con los denominados “deberes funcionales” y desde luego, los principios de moralidad, publicidad, eficacia, igualdad, transparencia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa.

En fallo de primera instancia determinó que el entonces representante legal de EMCALI, omitió deliberadamente cumplir un requisito esencial, en este caso el proceso licitatorio, con violación al principio de deber de selección objetiva definidos por el mismo estatuto, aduciendo que se trataba de un contrato catalogado como de ciencia y tecnología que sólo se podría encomendar a una determinada persona.

La Procuraduría pudo establecer que no se hacía obligatoria la suscripción del contrato con la fundación “PARQUESOFT”, puesto que su objeto no encuadra dentro de la característica  de ciencia y tecnología, y de acuerdo con diferentes testimonios de expertos en el mercado existen proveedores que podían ejecutarlo.
 
De igual forma determinó que de estas manera incurrió en una conducta descrita en el código penal consistente en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, incurriendo en una falta gravísima,  sancionada por la Ley 734 del 2000, para este caso especifico con multa de 26 millones de pesos 700 mil pesos e inhabilidad de diez años, para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o para contratar con el mismo.