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Respaldo del Procurador a la inembargabilidad del sistema general de participaciones

Bogotá, 1 de agosto de 2008. La Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional se mantenga en el ordenamiento jurídico la inembargabilidad absoluta de la totalidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, determinada por el artículo 21 del Decreto 28 del presente año proferido por el Gobierno Nacional.

Para el Ministerio Público “ resulta  conforme con el interés general que representa el Estado Social de Derecho que se establezca la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones con el fin de garantizar que no se afecte la continuidad, cobertura y calidad de servicios financiados con cargo a tales recursos, especialmente por comportamientos contrarios a los principios de la función pública, entre ellos los de moralidad, eficiencia y economía”. Se trata de recursos destinados a la inversión social en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

Ante los cuestionamientos de que la inembargabilidad absoluta de los recursos del Sistema General de Participaciones vulneraba los derechos adquiridos y el acceso a la administración de justicia, el Procurador fijó su posición  en los términos antes referidos, partiendo de la base de que el legislador puede determinar cuáles bienes del Estado son inembargables, lo que en este caso resulta ajustado a la Constitución por las razones expuestas de preservar el interés general y la moralidad pública en la ejecución de tales recursos en su carácter de destinación exclusiva para los que fueron creados.

De otro lado y ante el incumplimiento de  la norma aludida, es de resaltar que la Procuraduría General de la Nación ha iniciado la formulación de denuncias penales ante la Fiscalia General de la Nación contra los jueces que violan la prohibición del artículo 21 del decreto 28, advirtiendo a las autoridades que las decisiones proferidas por los jueces ordenando el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones no producen afecto alguno, tal como lo dispone la citada norma.

Igualmente, se formularán las quejas ante las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, solicitando la destitución de los funcionarios judiciales que profieran los embargos sobre los citados recursos del Sistema general de Participaciones.

El Ministerio Público manifestó que la Contraloría  General de la República iniciará el juicio fiscal contra  los jueces que incumplan la prohibición aludida debido a los  perjuicios que ocasionen al erario público con las ordenes que profieran, las que son abiertamente contrarias a la disposición emitida por el gobierno nacional.