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Sancionados ex alcaldes de Luruaco (Atlántico)

Bogotá, 31 de julio de 2008. Por incumplir con las disposiciones legales en materia de servicios públicos domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación sancionó a los entonces alcaldes del municipio de Luruaco, Isaac Vasquez Grau y Rodolfo Romero Navarro con multa equivalente a 30 días y 6 meses de salario, respectivamente.

Según se estableció, el citado municipio no contestó los peticiones del Procurador General contenidas en una directiva emitida el mes de diciembre de 2005, relacionadas con la acreditación de obligaciones legales en materia de servicios públicos domiciliarios, a través del diligenciamiento de un formulario dispuesto para tal fin por el sistema único de información (SIU) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Procuraduría también concluyó que la administración municipal en cabeza del doctor Romero Navarro debía prestar directamente y en forma transitoria los servicios de acueducto y aseo desde el momento en que se liquidó la Empresa Servilur y hasta el día en que se constituyó una empresa regional para la prestación de estos servicios, para lo cual debió crear una unidad especializada que tuviera contabilidad separada.

Así mismo, para la prestación directa de los servicios públicos mencionados el ex alcalde debió adelantar un proceso licitatorio que no se realizó.

De igual manera se incumplió con los estudios de costos y tarifas, que permitían determinar el valor de los recursos que se debieran destinar a los respectivos subsidios a que hubiera lugar.

En cuanto al Fondo de Solidaridad, se encontró que el alcalde Romero Navarro no acreditó una cuenta especializada para incorporar los dineros correspondientes a dicho Fondo.

Finalmente, los alcaldes Vasquez Grau y Romero Navarro omitieron presentar el Concejo municipal un proyecto para la aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario y no se cumplió con la calidad y cobertura en saneamiento básico, en lo que respecta al sitio de disposición final que tenga licencia ambiental, violando el derecho fundamental al medio ambiente sano.