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Decisiones en el departamento de Antioquia

Bogotá, 31 de julio de 2008. La Procuraduría General de la Nación profirió las siguientes decisiones disciplinarias:

Destituido e inhabilitado por 10 años, ex concejal de Puerto Berrío

Por violación al régimen de inhabilidades, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Jorge Alberto Pineda Osorio, en su condición de concejal municipal de Puerto Berrio (Antioquia).

El ministerio público estableció el 2 de enero de 2008 el señor Pineda Osorio se posesionó como concejal del citado municipio y ejerció funciones en dicho cargo, pese a la existencia de una inhabilidad, ya que su hermano ejerció como Secretario de Gobierno y Alcalde Encargado durante el año anterior a su elección.

Las pruebas allegadas al proceso permitieron establecer el parentesco de consanguinidad en segundo grado entre el sancionado y el señor Ivan Darío Pineda Osorio, así como que ha ejercido autoridad civil, política y dirección administrativa en el municipio de Puerto Berrío.

Esta decisión disciplinaria de primera instancia no fue apelada por la defensa del señor Pineda Osorio y en consecuencia, ya se han adelantado los trámites pertinentes para ejecutar la sanción disciplinaria.

Procuraduría sanciona a concejal de Puerto Berrío

En otra decisión disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la señora Gloria Estela Trujillo Muñetón, tras establecer que la funcionaria violó el régimen de inhabilidades al posesionarse como concejal municipal de Puerto Berrio el 2 de enero de 2008.

El hecho que generó la inhabilidad tiene que ver con la suscripción de dos contratos con el municipio de Puerto Berrio durante el año anterior a su elección como concejal.

El ministerio público no encontró ninguna justificación que exima de la responsabilidad disciplinaria a la señora Trujillo Muñetón en este proceso, pues está comprobado que en dos ocasiones la droguería «San Lucas» de propiedad de la sancionada suministró medicamentos a la Secretaría de Salud del mencionado municipio, entidad de efectuó los correspondientes pagos a la concejal y a su esposo.

La decisión adoptada en fallo de primera instancia fue apelada por la defensa de la señora Trujillo Muñetón.