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Decisiones en el departamento de Antioquia

Bogotá, 30 de julio de 2008. La Procuraduría Regional de Antioquia en cumplimiento de sus funciones disciplinarias profirió recientemente las siguientes decisiones:

Procuraduría sanciona a ex alcaldesa de Zaragoza (Antioquia)

Por destinación de recursos para fines diferentes a los autorizados, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de tres meses, convertible en multa equivalente a seis salarios devengados para el 2004, a la señora Ana Beatriz Monroy de Luján en su condición de alcaldesa del municipio de Zaragoza (Antioquia).

La investigación señala que la entonces mandataria obtuvo un desembolso de un crédito por valor de 500 millones de pesos, otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y lo destinó para el pago de deudas no autorizadas en el acuerdo municipal que la facultaba para la consecución de dicho préstamo.

Con esta acción, la señora también desconoció lo acordado en el pagaré suscrito con el IDEA y en el Acuerdo municipal, documentos en los cuales se especificaba claramente que los dineros públicos serían destinados para la cancelación de obligaciones laborales.

Suspendida concejal de Ituango (Antioquia)

Por violación del régimen de inhabilidades, La Procuraduría General de la Nación suspendió por el término de seis meses a la señora Ana Lucía Valencia Vásquez, en su condición de concejal del municipio de Ituango (Antioquia).

La señora Valencia Vásquez estaba inhabilitada para ejercer el cargo de concejal del citado municipio, teniendo en cuenta que durante el mismo año de la inscripción y elección la funcionaria había suscrito un contrato con el municipio de Ituango para la publicación de servicios sociales, programas radiales, información a la comunidad y publicaciones de actos administrativos de la entidad territorial, circunstancia que la inhabilitaba para ocupar dicho cargo.

Dentro del fallo de segunda instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Antioquia se estableció que, para dar cumplimiento a la suspensión de seis meses se tendrá en cuenta el lapso que la investigada permaneció suspendida provisionalmente.