INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 297

Destituidos e inhabilitados ex alcalde de Ibagué y tres
funcionarios más

Bogotá, sábado 19 de julio de 2008. Por transgredir el ordenamiento legal y contractual vigente, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos al ex alcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez Díaz y tres funcionarios más.

El hecho se dio por la indebida ejecución del contrato 042 de 2000 suscrito para al prestación del servicio público de aseo, con la firma Interaseo del Sur S. A E.S.P, al facultar a un tercero ajeno a la relación contractual como operador del sitio de disposición final de residuos sólidos, en el predio denominado la Miel.

La decisión asumida en fallo de primera instancia por la comisión Especial Disciplinaria, incluye a Lucy Salazar López, Secretaría administrativa de la Alcaldía de Ibagué para las vigencias 2001-2003; Carlos René Orjuela Gálvez, Gerente General encargado de Infibagué y Martha Lucía Quitián Díaz, en su condición de Secretaria de Hacienda de Ibagué.

Para la Procuraduría General de la Nación, el alcalde municipal de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez Díaz, incurrió en una falta disciplinaria gravísima al permitir que sus subalternos sin motivación alguna facultaran a una empresa ajena al contrato 042 de 2000 para asumir el pago de las responsabilidades fiscales del predio “La Miel”, cuando esta firma Interaseo S. A ESP, no era la legalmente beneficiada del proceso contractual.

Concluyó además que el burgomaestre no dirigió, restableció o encaminó dichas actuaciones por el sendero de la legalidad, como tampoco actuó bajo los postulados que gobiernan la administración pública, es decir, preservando en todos sus actos el interés general, sino que por el contrario su omisión coadyuvó al favorecimiento irregular de una persona jurídica.

El ministerio público consideró que la señora Lucy Salazar López incurrió extralimitación de funciones al firmar un acta de compromiso para viabilizar el cabal desarrollo del proyecto de gestión integral de residuos sólidos, cuando no se encontraba facultada para ello, pues esta era responsabilidad del alcalde municipal y porque el contenido del mismo es contrario al ordenamiento jurídico en la medida en que tomó decisiones que afectaron la normal ejecución del contrato 042 de 2000, al facultar a un tercero INTERASEO S.A. ESP, sin vínculo contractual con el municipio para ejercer la operación de disposición final de residuos sólidos en la Hacienda La miel del municipio de Ibagué, cuando la ejecución de esta obligación le correspondía al gestor operador del contrato, es decir, la firma INTERASEO DEL SUR S.A-

En desarrollo de la investigación disciplinaria, se comprobó que el Señor Carlos René Orjuela Gálvez, pese a ser conocedor de las cláusulas contractuales y de su ejecución, actuó en contra del ordenamiento legal y del contrato 042 de 2000, al participar en forma irregular en la ejecución del mismo suscribiendo actas de interpretación y modificación que cambiaron ostensiblemente el objeto contractual inicialmente pactado.

En relación con la Martha Lucía Quitian, consideró la PGN que como secretaria de Hacienda tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento y actuó en contra del ordenamiento legal al facultar a una firma totalmente extraña al servicio público de aseo del municipio, para que asumiera las responsabilidades fiscales del predio que había sido designado para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Ibagué.