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PGN elevó pliego de cargos a ex gobernador de La Guajira y ex secretario de obras públicas

Bogotá, 18 de julio de 2008. Por participar de una actividad contractual posiblemente desconociendo los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, la Procuraduría General de la Nación, elevó pliego de cargos contra el ex gobernador de la Guajira José Luís Gonzalez Crespo y su secretario de obras públicas Javier Alfonso Figueroa Mejía.

La decisión fue asumida por el ministerio público al considerar que el ex mandatario departamental José Luís Gonzalez Crespo, durante el año 2004 celebró un contrato de consultoría para la viabilidad de los estudios y diseños de las obras de defensa de la franja litoral de Riohacha sin al parecer hubiese exigido la póliza de calidad del servicio.

Anotó que por este motivo, probablemente no se cumplió con la finalidad para la cual el contrato fue celebrado, quedando falencias y fallas que hacen no viable su materialización, tanto así que por recomendación de la Dirección General Marítima Centro de Investigaciones Ocanográficas e Hidrográficas, la administración se vio obligada a complementar o adicionar este estudio con uno nuevo.

La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública consideró que tanto el ex mandatario departamental, como el Secretario de Obras Públicas, Javier Alfonso Figueroa Mejía, pudieron incurrir en incumplimiento de su deber al no proteger los intereses de la entidad por omitir ordenar hacer efectiva la póliza de cumplimiento de dicho contrato.

Afirmó además que la falta es considerada como gravísima y a título de dolo pues a pesar de tener el conocimiento directo de las fallas de los estudios y diseños referidos, los funcionarios aparentemente no realizaron ninguna acción o gestión para que se hiciera exigible la póliza prefiriendo transgredir el ordenamiento jurídico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.


297-08

Destituidos e inhabilitados ex alcalde de Ibagué y tres
funcionarios más

Bogotá, sábado 19 de julio de 2008. 8:00 a.m. Por transgredir el ordenamiento legal y contractual vigente, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos al ex alcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez Díaz y tres funcionarios más.

El hecho se dio por la indebida ejecución del contrato 042 de 2000 suscrito para al prestación del servicio público de aseo, con la firma Interaseo del Sur S. A E.S.P, al facultar a un tercero ajeno a la relación contractual como operador del sitio de disposición final de residuos sólidos, en el predio denominado la Miel.

La decisión asumida en fallo de primera instancia por la comisión Especial Disciplinaria, incluye a Lucy Salazar López, Secretaría administrativa de la Alcaldía de Ibagué para las vigencias 2001-2003; Carlos René Orjuela Gálvez, Gerente General encargado de Infibagué y Martha Lucía Quitián Díaz, en su condición de Secretaria de Hacienda de Ibagué.

Para la Procuraduría General de la Nación, el alcalde municipal de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez Díaz, incurrió en una falta disciplinaria gravísima al permitir que sus subalternos sin motivación alguna facultaran a una empresa ajena al contrato 042 de 2000 para asumir el pago de las responsabilidades fiscales del predio “La Miel”, cuando esta firma Interaseo S. A ESP, no era la legalmente beneficiada del proceso contractual.

Concluyó además que el burgomaestre no dirigió, restableció o encaminó dichas actuaciones por el sendero de la legalidad, como tampoco actuó bajo los postulados que gobiernan la administración pública, es decir, preservando en todos sus actos el interés general, sino que por el contrario su omisión coadyuvó al favorecimiento irregular de una persona jurídica.

El ministerio público consideró que la señora Lucy Salazar López incurrió extralimitación de funciones al firmar un acta de compromiso para viabilizar el cabal desarrollo del proyecto de gestión integral de residuos sólidos, cuando no se encontraba facultada para ello, pues esta era responsabilidad del alcalde municipal y porque el contenido del mismo es contrario al ordenamiento jurídico en la medida en que tomó decisiones que afectaron la normal ejecución del contrato 042 de 2000, al facultar a un tercero INTERASEO S.A. ESP, sin vínculo contractual con el municipio para ejercer la operación de disposición final de residuos sólidos en la Hacienda La miel del municipio de Ibagué, cuando la ejecución de esta obligación le correspondía al gestor operador del contrato, es decir, la firma INTERASEO DEL SUR S.A-

En desarrollo de la investigación disciplinaria, se comprobó que el Señor Carlos René Orjuela Gálvez, pese a ser conocedor de las cláusulas contractuales y de su ejecución, actuó en contra del ordenamiento legal y del contrato 042 de 2000, al participar en forma irregular en la ejecución del mismo suscribiendo actas de interpretación y modificación que cambiaron ostensiblemente el objeto contractual inicialmente pactado.

En relación con la Martha Lucía Quitian, consideró la PGN que como secretaria de Hacienda tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento y actuó en contra del ordenamiento legal al facultar a una firma totalmente extraña al servicio público de aseo del municipio, para que asumiera las responsabilidades fiscales del predio que había sido designado para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Ibagué.

298-08

Por pornografía infantil, destituido e inhabilitado docente de Cundinamarca

Bogotá, domingo 20 de julio de 2008. 8:00 a.m. Por incurrir en el delito de pornografía infantil, en ejercicio de sus funciones como docente con una de sus alumnas, las Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, al docente Remigio Bolaños Pérez.

El ministerio público comprobó que el señor Bolaños Pérez, el 21 de octubre del 2006 en su calidad de educador de la Escuela Rural de Taucha, Cundinamarca, fotografío desnuda a una de sus alumnas en desarrollo de actividades escolares, aprovechando las instalaciones de la institución educativa.

La Procuraduría, calificó el comportamiento del docente como gravísimo y a título de dolo, pues los hechos aquí expuestos se cometieron en razón, con ocasión o como consecuencia de la función a cargo, o abusando del mismo, en contravía de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 que rige el comportamiento de los funcionarios públicos y la Ley 599 de 2000 el cual califica su proceder como pornografía con menores.

Al imponer la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, en fallo de primera instancia, el ministerio público reiteró que la pornografía infantil, atenta contra los derechos fundamentales de los menores y amerita en este caso una decisión que prevenga en el futuro el maltrato infantil y el abuso sexual, ya que la sanción penal tan solo fue de 38 meses de prisión.