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Procuraduría sanciona a patrulleros de la Policía Nacional

Bogotá, 5 de julio de 2008. En los hechos que rodearon la muerte de un menor de edad en un saltarín inflable en el barrio Timiza en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación responsabilizó a la Policía Nacional por no haber hecho cumplir la orden dada para que el artefacto fuera retirado de la zona, como se lo exigieron al propietario, dando lugar a que la medida de policía no se cumpliera en su integridad».

Así lo consideró el ministerio público al sancionar a los patrulleros Arturo Enrique Rodríguez Galán y Jesús Alberto Mantilla Sánchez con multa equivalente a 30 días de salario devengado para la época de los hechos.

Al fallar la investigación disciplinaria, la Procuraduría precisó que ésta «no cuestiona hechos naturales impredecibles, como tampoco la mera casualidad de agentes del Estado en el lugar de los acontecimientos, sino el cumplimiento o no de los deberes funcionales asignados, por Constitución, ley o reglamento, a servidores del Estado que en un momento dado debían ejecutarlos».

Los hechos conocidos por la opinión pública sucedieron el 4 de febrero de 2007 en un predio aledaño al parque de Timiza donde se encontraba funcionando un saltarín inflable, sin el lleno de los requisitos legales. Hacia las 4:00 de la tarde se presentó un tornado que arrancó esta atracción de donde estaba anclada y se elevó dando vueltas ocasionando la muerte a un menor de edad y lesiones a otros niños y personas adultas.

La situación coincidió con un acto religioso masivo que concentró a la fuerza pública en una zona aledaña, lo que obligó a algunos uniformados a vigilar un mayor número de sectores durante ese día para garantizar la seguridad a la comunidad.

La investigación permitió establecer que desde tempranas horas de la mañana del mismo 4 de febrero de 2007, el subintendente William Alberto Vargas muñoz, como comandante del CAI Timiza, impartió órdenes precisas a dos patrulleros para que realizaran el requerimiento correspondiente al propietario del inflable.

Atendiendo las órdenes impartidas, los patrulleros Rodríguez Galán y Mantilla Sánchez hicieron un llamado de atención al dueño del inflable para que, por ausencia de permisos distritales lo retirara y tramitara dichas autorizaciones ante las entidades competentes para su funcionamiento.

El propietario del Dumi asumió el compromiso de retirar esa atracción y así quedó consignado en el libro de población del CAI Timiza, firmado por éste último.

Sin embargo, los patrulleros fueron tolerantes con el dueño del inflable «al confiar de buena fe, en que éste se iba a retirar voluntariamente, para lo cual aceptaron que se tomara el tiempo que dijo requerir, para desinflarlo y retirarlo del sitio abierto al público donde funcionaba, creyendo que lo haría como lo habían hecho en ocasiones anteriores».

A juicio del ministerio público, «el no haber hecho retirar físicamente dicho artefacto, después de haber dado la orden, dio lugar a que no se cumpliera la medida de policía en su integridad».

Adicionalmente, la Procuraduría no puede desconocer que un tornado es un hecho natural y como lo define la ley, corresponde a una fuerza mayor, lo cual se tuvo en cuenta «para resolver lo que tiene que ver con la posición de garante que se reclama de estos uniformados, pues es claro que éste ultimo evento de la muerte del menor y las lesiones no se les puede atribuir en tal condición, en tanto se está en frente a una causal de exclusión de la responsabilidad, entendida para este solo efecto de la posición de garante».

Respecto a las pruebas que tenían como objetivo demostrar que los patrulleros no tenían la experiencia ni el conocimiento técnico para determinara si el inflable estaba bien anclado y tenía los mecanismos de seguridad apropiados, el misterio público fue claro en afirmar que lo que se demanda de estos dos servidores es simplemente que estaban obligados a hacer cumplir las normas, las cuales exigían que para funcionar dicho artefacto, tenía que tener el permiso correspondiente.

De otra parte, el órgano de control tomó en cuenta las pruebas documentales respecto al número de barrios y la ampliación del sector que debían cubrir estos dos patrulleros para el momento en que requirieron al propietario del inflable, teniendo en cuenta la escasez de personal policial para ese día, y concluyó que el actuar de estos dos uniformados obedeció más a una imprudencia y falta de cuidado que exigía el control del espacio público.