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PGN impone máxima sanción disciplinaria contra oficiales de Policía involucrados en desaparición de comerciante

Bogotá, 1 de julio de 2008.Por incurrir en privación ilegal de libertad, incumplir el deber de garantía de los derechos humanos y vulnerar el derecho a la vida y la propiedad privada, la Procuraduría General de la Nación, confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años a los mayores de la Policía Nacional, César Augusto Pardo Salcedo, Comandante del Quinto Distrito de Policía, con sede en Ubaté y Jhon Esneider Romero Garzón, Subdirector del Gaula.

Los hechos se relacionan con la desaparición y posterior homicidio del comerciante, Rubén Suárez López, el 20 de abril del 2004, cuando se desplazaba entre Bogotá y Chiquinquirá, con ocasión de un viaje de negocios a Bucaramanga, conduciendo su vehículo, en el cual llevaba una importante cantidad de dinero que se encontraba oculta en la llanta de repuesto.

De acuerdo con la investigación, el señor Suárez López fue llevado en su mismo vehículo a las instalaciones del Gaula en Bogotá, de lo cual quedó constancia en los libros de minuta de la Estación de Policía del municipio de Susa, sin embargo, antes de ingresar al Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, el mayor Pardo Salcedo dijo que se quedaba con la persona retenida, su vehículo y los elementos incautados para su judicialización y dio la orden de retiro a los policías que lo acompañaban.

El 21 de abril del 2004, abandonado en la vía que conduce hacia el municipio de Carmen de Apicalá, apareció el cuerpo del comerciante y su vehículo fue encontrado en la plaza España, en Bogotá, desvalijado y con la llanta de repuesto abierta lugar en donde se encontraba el dinero.

Para la Procuraduría es claro, que los Oficiales de la Policía Nacional en cuestión César Augusto Pardo Salcedo y Jhon Esneider Romero Garzón, incurrieron en una privación ilegal de la libertad del comerciante, ya que incumplió el deber de observar las garantías procesales que eran indispensables para que se procediera a la aprehensión; así mismo, incumplieron el deber de garantía, que en su calidad de miembros de la fuerza pública, les obligaba a respetar y coadyuvar, el disfrute de los derechos inherentes a la dignidad del ser humano.

De igual forma, consideró que los disciplinados vulneraron el derecho fundamental a la vida del Señor Rubén Suarez López, a la propiedad privada de los bienes que portaba la víctima e incurrieron en falsedad de documento público, puesto que, desaparecieron los registros oficiales, correspondientes a los libros de control de la estación de Policía de Susa, en los que aparecía la referencia del ingreso y la salida de la víctima fueron suplantados por otros.

Al proferir el fallo de segunda instancia, en el que se confirma la sanción de destitución e inhabilidad para los dos oficiales de la Policía Nacional, quienes interpusieron recurso a la decisión de la Viceprocuraduría General de la Nación en un primer fallo, el ministerio público afirmó que ambos servidores son considerados autores de una conducta cuya descripción es sancionable a título de dolo.