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Suspendido rector y asistente administrativo de la universidad de Antioquia

Bogotá, 29 de junio de 2008. 8:00 a.m. la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cuatro meses del ejercicio del cargo el señor Alberto de Jesús Uribe Correa, en su condición de rector de la Universidad de Antioquia, quien incurrió en irregularidades con ocasión de la suscripción de un contrato.

La investigación adelantada por la Procuraduría Regional de Antioquia señala que el señor Uribe Correa suscribió en diciembre de 2003 un convenio para implementar en la Universidad de Antioquia un software desarrollado y ofrecido por Unipamplona, sin efectuar los estudios de conveniencia que permitieran establecer la necesidad de adquirir un programa que reemplazara el existente, utilizado en dicho ente educativo desde aproximadamente 10 años.

Adicionalmente, no tuvo en cuenta el concepto que en su momento emitió el jefe del Departamento de Organización y Sistemas, donde se puso de presente la inconveniencia que constituía para esta institución educativa la suscripción de dicho convenio,«situación que posiblemente dio lugar que a los siete meses de iniciado, se tuviera que modificar y finalmente la Dirección General del ICFES ordenara su liquidación» porque Unipamplona no cumplió con los compromisos establecidos en el convenio.

El informe del ministerio público concluye que el software no se ajustaba a muchas de las funcionalidades específicas de la Universidad de Antioquia y en consecuencia, no era viable ni procedente su implementación.

En otra decisión disciplinaria, la Procuraduría suspendió por tres meses del ejercicio de sus cargos al rector de la mencionada universidad, Alberto Uribe Correa y al señor Diego Montejo Camelo, en su condición de asistente administrativo de la Universidad de Antioquia.

Según se estableció el rector ordenó el reconocimiento y pago de una bonificación de 35 millones de pesos a una particular que no tenía ningún vínculo laboral ni contractual con la institución educativa.

Por su parte, el señor Montejo Camelo, fue hallado responsable de de haber expedido el 27 de septiembre de 2004 la solicitud de pago de la citada bonificación.

El ministerio público estableció que la beneficiada con la bonificación se desempeñó en diferentes cargos en la Universidad y que después de su desvinculación trabajó durante cinco meses más sin recibir remuneración alguna, razón por la cual encontraron justificado otorgarle una bonificación, invocando y aplicando el régimen de incentivos al personal docente, norma que no era viable en este caso.