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Corte Constitucional acoge argumentos de la PGN y protege derechos de las víctimas del conflicto armado

Bogotá, 26 de junio de 2008. Acogiendo una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la seguridad personal, integridad, vida y acceso a la justicia de las mujeres y las familias víctimas del conflicto armado.

La acción de tutela fue instaurada por la señora Patricia Buriticá Céspedes Comisionada de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y más de 600 familias víctimas de la violencia, contra la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia ante la no implementación de un programa específico de protección a víctimas y testigos de la ley de Justicia y Paz. Para la época en que se presentó la tutela habían sido asesinadas 4 mujeres líderes de las víctimas que actuaban en dichos procesos.

En su pronunciamiento, la Corte constató que las demandantes tienen el carácter de víctimas del conflicto, de gestoras de procesos de reivindicación y residen en zonas del país calificadas como de extraordinario y alto riesgo, circunstancias que las ubican en una situación de amenaza de sus derechos fundamentales a la seguridad, la libertad, la integridad personal y la vida, por lo que el juez constitucional tuteló estos derechos fundamentales, así como el acceso a la justicia.

En consecuencia, ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, que en un término máximo de 15 días realice o actualice el estudio de riesgos correspondiente para que se adopten las medidas necesarias, en el marco de la estrategia existente para la protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz. En la selección y ejecución de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las obligaciones constitucionales e internacionales sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia.

Así mismo, la Alta Corporación ordenó efectuar una revisión y adecuación integral al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz en un plazo máximo de seis meses, término dentro del cual deberá rendirse un informe ante el juez constitucional de primera instancia, quien realizará el seguimiento al cumplimiento del citado fallo de tutela.

En su momento el Ministerio público insistió ante la sala de Selección de la Corte para que se revisara la citada acción de tutela, que había sido denegada por el juez de segunda instancia, tras señalar que el fortalecimiento del Estado en materia de seguridad personal de las víctimas de conductas violentas, especialmente aquellas que acuden a la Ley 975 de 2005, demanda del Estado la formulación de planes y estrategias que incorporen a los actuales o nuevos programas de protección estándares internacionales dirigidos a detener el proceso de victimización.