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Cumplimiento de fallo de la Corte Constitucional genera megaproyecto alrededor del Hospital San Juan de Dios


Bogotá, 24 de junio de 2008
. Un gran acuerdo que permite poner fin a la crisis que afrontan los Hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil se logró hoy tras una reunión del comité interinstitucional con representación de los gobiernos nacional, departamental y distrital y la Universidad Nacional a instancias de la Procuraduría General de la Nación.

Se trata de un megaproyecto de salud que contará con la asesoría científica y el manejo docente y asistencial de la Universidad Nacional, con el que se pretende además de la operatividad de los centros hospitalarios que hacen parte de la Fundación San Juan de Dios, involucrar al Centro Inmunológico, a los Hospitales Santa Clara, la Misericordia, y la Samaritana, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con el proyecto también se busca la protección de bienes de interés cultural así como una renovación urbana de la zona céntrica en donde están ubicadas las instalaciones físicas de los mencionados centros hospitalarios, los cuales hacen parte del programa “ciudad salud” de la administración distrital.

Atendiendo un llamado del Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, se reunieron en su despacho, los ministros de Hacienda, de Protección Social, el Alcalde de Bogotá, Gobernador de Cundinamarca, la Gerente Liquidadora del Hospital Materno Infantil y el Vicerector y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

La convocatoria obedeció al cumplimiento del una sentencia proferida el pasado 15 de mayo por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que se ampararon los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de la totalidad de los trabajadores y extrabajadores de la Fundación San Juan de Dios, integrada por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil .

En concepto de la Corte Constitucional, el Estado representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y el Alcalde Mayor de Bogotá, tienen la obligación de ponerse al día en el pago de las acreencias pensionales, salariales y prestacionales de los mencionados extrabajadores de la salud. Según el fallo, dichas acreencias tienen que ser canceladas en el término máximo de un año y para su pago concurrirán proporcionalmente las tres entidades.

La Corte igualmente ordena que los organismos de control hagan vigilancia permanente y rigurosa de la aplicación del fallo y las tareas asignadas a la liquidadora del Hospital San Juan de Dios. Para dicho efecto, la Procuraduría General de la Nación dispuso la realización de reuniones semanales en las que se evaluará por parte del ministerio público el cumplimiento por las entidades públicas a la decisión de la alta corporación.