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Procuraduría urge por medidas ante pago irregular de pensiones de jubilación en Chocó

Bogotá, 15 de junio de 2008. Chocó, un departamento con serios problemas estructurales, de pobreza, desnutrición y una alta tasa de mortalidad infantil enfrenta hoy una nueva crisis; esta vez como consecuencia del reconocimiento de pensiones sin el lleno de los requisitos legales.

Tras efectuar un análisis a las hojas de vida de 17 pensionados de la Gobernación y la licorera del Chocó, remitidas por el DAS, el ministerio público formuló observaciones respecto al reconocimiento y reajustes de estas pensiones, que en algunos casos están siendo reconocidas de manera irregular.

La Procuraduría General de la Nación instó a la actual administración del departamento del Chocó, al Fondo de Pensiones Públicas y a la Licorera del Chocó para que adopten las acciones necesarias con el fin de evitar el reconocimiento irregular de las pensiones de jubilación.

La vigilancia efectuada por el ministerio publico permitió evidenciar que en los actos administrativos que reconocieron pensiones de jubilación a nueve diputados no se tuvo en cuenta que las certificaciones aportadas no especificaron el número de sesiones ordinarias y extraordinarias efectuadas, como tampoco a cuales efectivamente asistieron, lo que viola las normas que establecen el procedimiento para computar las sesiones ordinarias y extraordinarias como tiempo para pensión de estos funcionarios.

Adicionalmente, las mencionadas certificaciones de tiempos de servicio no fueron expedidas por los funcionarios con competencia para ello, según se estableció.

Otra de las observaciones presentadas por el ministerio público está relacionada con la denominada prueba supletoria. Esta es una prueba testimonial utilizada para acreditar los tiempos de servicio de los trabajadores y se emplea únicamente cuando los archivos donde reposan dichas pruebas han desaparecido.

Al respecto se evidenció que las declaraciones extra juicio de cuatro de los ex funcionarios no contaron con la presencia del Agente del Ministerio Público y adicionalmente, ninguno de los testimonios expuso las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido el hecho y la forma como llegó a su conocimiento, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado al emplear esa prueba.

El ministerio público también concluyó que es necesario demandar los actos administrativos que reconocieron la reliquidación de la pensión de jubilación de cinco personas quienes «comprobaron menos de tres (3) años de servicios con ocasión de su reincorporación al servicio público como diputados a la Asamblea del Chocó, después de estar gozando de sus pensiones de jubilación».

Por todo lo anterior, la Procuraduría advirtió, como resultado de la intervención preventiva, al gobernador del departamento del Chocó, a los representantes legales del Fondo de Pensiones Públicas y Licorera del Chocó para que ordenen una revisión completa de todos y cada uno de los actos administrativos que reconocieron pensiones de jubilación con el fin de iniciar las acciones legales correspondientes.

Es necesario también que «se inicie una depuración de la nómina de pensionados, analizando cada una de las pensiones reconocidas y sus soportes para analizar las inconsistencias en las nóminas y detectar posibles acciones fraudulentas, con el objeto que se formulen las correcciones y ajustes pertinentes, y se averigüe quienes son los funcionarios responsables de todo este desorden administrativo».

El ministerio público puntualizó que «no puede dejar pasar por alto (…), lo extravagante que resulta la situación aquí denunciada en comparación con el índice de necesidades básicas insatisfechas de la población de ese departamento, razón por la cual se requiere de una rigurosa intervención en aras de erradicar estas prácticas que afectan a la comunidad y que hacen carrera al interior pública».