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Decisiones del departamento del Atlántico

Bogotá, 14 de junio de 2008. La Procuraduría Regional de en cumplimiento de su función disciplinaria profirió las siguientes decisiones de primera instancia:

 

Por hechos ocurridos en el año 2002,

Sancionado ex alcalde de la Ponedera (Atlántico)

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por seis meses al señor Francisco Manotas Manotas, en su condición de alcalde municipal de Ponedera (Atlántico) por no dar cumplimiento a lo establecido en cinco convenios suscritos para la pavimentación de vías y acceso peatonal.

Las irregularidades se relacionan con la suscripción de cinco convenios suscritos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Fondo de Inversión para la Paz –DAPR/FIP, el municipio de Ponedera y el organismo de Gestión OG. Abraham Serafín Castillo para la pavimentación de vías y acceso peatonal, en los que el municipio se comprometía al aporte de recursos para la financiación de éstos, compromiso que fue incumplido por la administración municipal, pues omitió realizar los desembolsos correspondientes.

Como consecuencia de lo anterior las obras previstas no pudieron ejecutarse en su totalidad, sino en el porcentaje correspondiente a los recursos aportados por el DAPR-FIP y recursos propios de la OG.

Teniendo en cuenta que al momento de proferirse la sanción el funcionario no se encontraba ejerciendo el cargo, la suspensión por seis meses será convertible en multa por un valor de $9.721.920.


Destituido ex alcalde de Soldedad (Atlántico)

Por anomalías en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Alfredo Arraut Valero, en su condición de alcalde del municipio de Soledad (Atlántico).

Según se estableció en la vigencia fiscal de 2003, el señor Arraut Valero no ejecutó recursos por $949.891.042 pertenecientes al rubro denominado Sistema General de Participaciones – propósito general-, sin embargo, al revisar la cuenta donde debían reposar estos dineros no utilizados, ésta presentaba un saldo de cero pesos a 31 de diciembre.

La Procuraduría estableció que los ingresos recibidos ascienden a $8.452.464.235, al restarle a esta cifra los gastos comprometidos en lo corrido del por valor $7.502.573.193, se tendría un saldo sin ejecutar por $949.891.042, los cuales no se encuentran en la cuenta bancaria dispuesta para tal fin.