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Sancionado oficial de la Policia Nacional por omitir denunciar e investigar presuntas irregularidades cometidas por sus subalternos

Bogotá, 13 de junio de 2008. La falta de una denuncia oportuna y los errores en los procedimientos oficiales, impidieron que la Procuraduría General de la Nación lograra tener certeza sobre supuestos hechos ocurridos en el 2002 que involucraban en serias irregularidades a 14 miembros de la policía Nacional, 11 de la Sijín y 2 de la Sipol.

Se trata de una denuncia, que un año después de ocurridos los hechos publicaron los medios de comunicación sobre la supuesta realización de un operativo, el cual habría derivado en la muerte de dos ciudadanos que aparecían como informantes de las autoridades del departamento del Atlántico; así como en la incautación de un importante cargamento de estupefacientes y armas, que según las versiones habrían sido devueltos a sus dueños.

El esfuerzo investigativo del ministerio público se vió frustrado entre otras razones porque los testigos por sus condiciones personales no son dignos de credibilidad y además en sus versiones entraron en graves contradicciones, y porque los informes de inteligencia y contrainteligencia no son prueba suficiente que permita disciplinar a los involucrados.

Señala la Procuraduría que pese a la labor realizada “y a que por diversos medios se procuró aclarar la información suministrada, lo cierto del caso es que no se ha podido esclarecer ni siquiera que el hecho existió, consistente en la incautación irregular de una droga ilícita y su posterior devolución a cambio de una gruesa suma de dinero, así como la venta de una parte de ese material que presuntamente quedó en manos de los uniformados, no existiendo tampoco ninguna prueba que permita corroborar que los encartados tuvieron participación en los mismos, ni menos aún las identidades de quienes pudieron haber intervenido en tales actuaciones “.

Al hacer referencia a las circunstancias que rodearon la muerte de los dos informantes de la Policía en el departamento del Atlántico, el ministerio público señala que se produjo una ruptura en la cadena de custodia, pues las evidencias fueron recopiladas sin el cumplimiento del procedimiento establecido por Ley, lo cual conduce a que no exista certeza sobre la forma como sucedieron los hechos.

En fallo de única instancia, la PGN comprobó que hubo omisión de funciones por parte del Coronel ( R ) Luís Andrés Estupiñán Chaustre, quien se desempeñaba como Comandante del Departamento de Policía Atlántico, al no poner oportunamente en conocimiento de las autoridades los presuntos hechos ocurridos y por no adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes, conducta que fue calificada como grave, motivo por el cual fue objeto de una sanción económica consistente en 30 salarios mínimos. En la misma decisión, el ministerio público exoneró de responsabilidad disciplinaria al entonces Director de la Policía Nacional, General Teodoro Campo Gómez.