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Decisiones en el departamento del Chocó

Bogotá, 7 de junio de 2008. A continuación se presentan dos de las decisiones adoptadas recientemente por la Procuraduría Regional del Chocó.

Destituidos ex alcalde y secretario de Hacienda de Riosucio (Chocó)

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a los señores Eulalio Lemos Moreno y Emerson Vargas Córdoba en sus condiciones de alcalde y Secretario de Hacienda con funciones de tesorero del municipio de Riosucio (Chocó) por irregularidades en el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con la investigación el entonces alcalde expidió un cheque por más de 28 millones de pesos para pagar la afiliación al Fondo del Magisterio del Chocó, de siete educadores. Tras efectuar la consignación en el respectivo banco, el cheque fue devuelto porque el número de cuenta a la cual se iba a consignar el cheque estaba errado.

Este título valor fue devuelto al entonces tesorero, Emerson Vargas Córdoba, quien solicitó al señor alcalde autorización para cobrar el cheque y efectuar nuevamente la consignación del dinero en efectivo. El primer mandatario autorizó este pago sin que previamente su despacho emitiera acto administrativo alguno que soportara tal decisión, y en el dorso del cheque ordena que éste se pague a favor del tesorero.

En consecuencia, el señor Emerson Vargas hizo efectivo el cheque, pero no efectuó la consignación a favor de la Fiduprevisora a beneficio de quien se libró el cheque, sino que por el contrario se quedó con el dinero.

27 meses después, como resultado de la denuncia presentada por el Personero municipal de Riosucio, Darío Blandón Caicedo, el señor Vargas Córdoba efectúa la consignación de estos recursos con dineros personales debitados de cuentas de terceros ajenos a la administración.

 

Procuraduría destituye a dos autoridades de Nóvita (Chocó)

Por violar las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, al retener irregularmente a un ciudadano, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a los señores Carlos Gabriel González Bonilla y Argido Inocencio Asprilla Rivas en sus condiciones de alcalde (e) e inspector de Policía del municipio de Nóvita, Chocó.

Se trata del señor Antonio Salazar quien relató que en septiembre de 2005 uno de sus semovientes fue llevado al COSO y que, tras la negativa del inspector de policía de liberar a una de sus reses, decidió liberarla él mismo.

El señor Salazar fue multado con 50 mil pesos y acordó con el alcalde (e), Carlos Gabriel González Bonilla, cancelar la multa el lunes siguiente, sin embargo, seis horas después llegó una orden de arresto que debía cumplir en el calabozo de la estación de Policía por cinco horas. Allí fue arrestado sin darle la oportunidad al implicado de ejercer el derecho de contradicción.

Según se estableció, los sancionados decidieron y ordenaron, mediante una resolución, el arresto del señor Salazar Benitez, de manera irregular, teniendo en cuenta que no eran autoridades judiciales, y «adicionalmente ambos suscribieron el mencionado acto administrativo y no le dieron la oportunidad de recurrirlo» pues omitieron el recurso correspondiente, el término dentro del cual se debía interponer y la autoridad encargada de resolverlo, violando así las garantías fundamentales del debido proceso.

Para la Procuraduría es claro que la situación que se venía presentando con semovientes en el municipio de Novita era crítica y ameritaba soluciones; «sin embargo, para todos es claro que las medidas no podían comprometer garantías fundamentales de las personas comprometidas en los hechos».