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Procuraduría pidió garantizar igualdad en protección a los grupos étnicos minoritarios

Bogotá, lunes 2 de junio de 2008. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que los beneficios en salud de que gozan las comunidades indígenas se extiendan a los demás grupos étnicos: afrodescendientes y gitanos.

En el concepto emitido por el ministerio público, se señala que si bien la Ley 691 de 2001 “mediante al cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia”, contempla en su título a todos los grupos étnicos, el desarrollo de la misma sólo incluyó a los pueblos indígenas, dejando por fuera a las comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales. Por su parte, y no obstante no haberse pedido su inclusión, la Procuraduría consideró que también debe ser objeto de protección especial el pueblo gitano o rom.

A juicio del Procurador, los principios constitucionales a la igualdad, el pluralismo y la participación entre otros, supone que los beneficios de la ley deben cobijar a todas las minorías étnicas. La exclusión de los pueblos afrodescendientes y rom vulnera el derecho a la salud y a la existencia de sus integrantes, toda vez que estas comunidades también tienen derecho a la aplicación de procedimientos médicos acordes con sus particularidades étnicas y culturales.

Afirmó que en el momento este sector de la población no está siendo cobijado por otro plan o programa de salud en el que puedan recibir una atención conforme a su propia identidad, motivo por el cual se requiere la participación activa en el sistema de salud de estos grupos minoritarios con el fin de mantener y proteger sus conocimientos y prácticas medicinales tradicionales.

Recordó que el preámbulo de la Carta Política señala como una de las razones del ordenamiento constitucional colombiano “asegurar a los habitantes del territorio nacional la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro del marco jurídico democrático y participativo que garanticen un orden político, económico y social justo”.