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PGN confirmó sanción contra ex alcalde de Gonzalez, Cesar

Bogotá, 22 de mayo de 2008.Con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años fue sancionado Crisanto Cañizares Cubides, ex alcalde del municipio de Gonzalez, Cesar por incurrir en irregularidades en un proceso de contratación.

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Norte de Santander confirmó la sanción impuesta en primera instancia contra el ex mandatario municipal, quien suscribió un contrato de prestación de servicios cuyo objeto era ejecución de obras de clausura parcial y habilitación de un relleno sanitario en dicha población.

La sanción fue impuesta por el ministerio público al declarar probados los cargos relacionados con la no publicación del contrato en la gaceta oficial de la entidad, no realizar el estudio de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y no contar con una licencia ambiental.

A juicio de la Procuraduría, el señor Cañizares Cubides alcalde encargado a partir del 3 de julio de 2003 y en propiedad desde el 24 de diciembre del mismo año hasta el 29 de marzo del 2004, estaba obligado a cumplir con las formalidades plenas en materia de contratación por el monto del presupuesto a invertir que ascendía a los 23 millones de pesos.

Recordó que de acuerdo con le ley 80 de 1993, los contratos estatales que deben llegar el requisito de formalidades plenas requiere de su publicación, una vez perfeccionados.

Así mismo anotó que el espíritu del principio de economía es precisamente que los estudios de conveniencia se hagan con antelación suficiente a la contratación estatal, que no constituyan una improvisación y que por el contrario, permitan deducir que la obra, bien o servicio a contratar hacen parte de un plan de desarrollo de al entidad o de unas políticas claras de las necesidades de la comunidad.

Finalmente al calificar la falta como gravísima, la Procuraduría consideró que el ex alcalde no cumplió con su deber funcional, ya que como servidor público y primera autoridad del municipio estaba en la obligación constitucional de observar y acatar las diferentes normas sobre contratación estatal.