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Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de reclusión

Bogotá, 19 de mayo de 2008. Los diseños de los establecimientos de reclusión del orden nacional, presentan falencias que deben corregirse en algunas de las once construcciones proyectadas por el gobierno nacional, para garantizar el derecho a un trato digno de los presos colombianos y cumplir con los mínimos exigidos nacional e internacionalmente.

Un análisis en perspectiva de derechos humanos a los diseños de los Establecimientos de reclusión del orden nacional – ERON, realizado por la Procuraduría General de la Nación permitió evidenciar amenazas al derecho que tienen las personas privadas de la libertad, a tener condiciones dignas de detención.

Los ERON contemplan una expansión de 21.169 de cupos penitenciarios y carcelarios, incluyendo mega-establecimientos como los de Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas y otros en Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal, Cartagena y Cúcuta, y en el marco de este proyecto el Ministerio Público en ejercicio de la función preventiva que le entrega la constitución y la ley, hizo recomendaciones puntuales frente a numerosos aspectos hoy contemplados para las nuevas edificaciones.

En primer lugar, en cuanto al diseño de los edificios destinados a los sindicados, encontró la Procuraduría que por considerarse estos, como destinados a una población flotante cuya permanencia no será superior a los seis meses, fueron proyectados como construcciones de diez pisos: en los dos primeros estarán las cocinas, enfermería, visitas conyugales y aulas; los siguientes seis pisos están destinados para las celdas.

No cuenta con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales.

Los sanitarios en las celdas no permiten ningún grado de privacidad lo que genera evidentes incomodidades no solo para quien lo utiliza, sino para los demás internos que comparten la celda, por lo que se solicitó elevar la altura de los muros que separan el lugar de reposo de las instalaciones sanitarias en las celdas.

Sobre el diseño de los lugares de habitación de los internos de mínima seguridad, son evidentes las deficiencias como que las celdas son tipo barraca donde se acomodarían hasta 30 personas en camarotes, sin un mínimo de privacidad o intimidad y propensas al conflicto entre internos; no cuentan con repisas donde se puedan ubicar elementos personales, y las baterías sanitarias son siempre insuficientes, en Jamundí por ejemplo se contemplan celdas para 12 internas que deben compartir dos baños y una ducha.

Advirtió además la Procuraduría que las áreas de visitas en los centros de mínima seguridad son muy reducidos y algunos proyectos no consideraron que las celdas de visita conyugal deben estar separadas del área total de visitas
En los nuevos Eron, en general no se tuvo en cuenta las necesidades de los internos y visitantes discapacitados: no existen duchas y baterías sanitarias especiales para esta población; no consideraron celdas de mayor tamaño para alojar a discapacitados quienes además no pueden acceder a las celdas de visita conyugal y en algunos casos ni existen áreas de rehabilitación, o no pueden llegar a las Unidades de Medidas Especiales UME.

De otra parte el gobierno ha previsto la construcción de 3.000 cupos para mujeres, sin embargo las consideraciones de género continúan ausentes en el diseño arquitectónico de los nuevos penales: los servicios sanitarios requieren mayor privacidad inclusive que para los hombres y no se consideraron espacios de recreación diferentes a las canchas de fútbol y básquet que se diseñaron para el uso masculino, e inclusive hay algunos Eron en que coexisten áreas y edificaciones destinadas a alojar hombres y mujeres en una especie de centros de reclusión mixtos que ponen en riesgo a la población femenina.

Adicionalmente las edificaciones destinadas para albergar mujeres cuentan con celdas especiales para ubicar maternas, pero en la mayoría de los proyectos carecen de camastros adecuados y adaptados para que allí se puedan alojar los niños de manera cómoda y segura, ya que estos son una plancha en concreto, que no tienen alguna pestaña que haga las veces de baranda para proteger a los menores de 3 años que dormirán allí,

También se observó que casi todos los espacios destinados para la guardería de los niños, fueron ubicados al lado de las zonas de sanidad, lo cual puede representar una situación de riesgo para los menores, debido a la propagación de virus y enfermedades.

Los diseños previstos para los nuevos centros de reclusión obligarían inclusive a modificar los reglamentos e ingreso de visitantes y de visitas intimas bajo el argumento de optimizar los espacios destinados para ello. Ahora el área de visitas conyugales contempla un uso de una hora cada mes para los internos de mediana y mínima seguridad, y de una hora cada 45 días para los de alta; y las nuevas construcciones obligan a fortalecer las áreas administrativas para cumplir con los nuevos horarios de visitas que se deberán establecer.

Insistió además la Procuraduría sobre los inconvenientes de localizar grandes centros de reclusión en localidades que carecen de todos los niveles de hospitalización y alejados de centros urbanos, como es el caso de algunos proyectos que se construirán, Ello por cuanto dicha situación genera un número significativo de remisiones de internos, que acarrean un gran esfuerzo institucional y generan elevados costos administrativos y riesgos para la salud de los internos, y eventuales vulneraciones al debido proceso de los internos. Por ello, la Procuraduría General de la Nación recomienda garantizar los recursos necesarios para las remisiones a que haya lugar.

Finalmente el Procurador General de la Nación hizo un llamado para que desde ya, el gobierno nacional apropie las partidas presupuestales necesarias para contribuir al buen funcionamiento y administración de estos centros de reclusión y designar el personal administrativo y de guardia necesario para el adecuado funcionamiento de los ERON, teniendo en cuenta una perspectiva diferenciada que atienda las necesidades específicas de población especialmente vulnerable: mujeres, niños, personas discapacitadas, pertenecientes a grupos étnicos, de orientación sexual diferente, de la tercera edad.

La Procuraduría General de la Nación celebró la implementación de esta estrategia puesto que además de contribuir a eliminar la superpoblación carcelaria, mejoraran las condiciones de infraestructura de los establecimientos de reclusión, muchos de los cuales, tienen más de cincuenta (50) años de construcción, están seriamente deteriorados y sus condiciones vulneran el derecho de los reclusos a condiciones dignas de detención.

Sin embargo, insistió en que la ejecución de estas obras debe hacerse con el respeto de los estándares nacionales e internacionales de respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, la Procuraduría considera que muchos proyectos contemplan aspectos positivos, que pueden servir de insumo para otros proyectos, tal es el caso de los ERON de Florencia y Yopal. Por lo cual hace un llamado para que dichos centros sirvan de modelo para mejorar aquellos que se hicieron con un criterio hermético.