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Procurador presenta mañana estudio «el derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos»

Bogotá, 19 de mayo de 2008. Un estudio que pretende aportar al Estado, a las autoridades gubernamentales, a las organizaciones sociales y a las instituciones públicas y privadas los elementos necesarios y urgentes para replantear de fondo el diseño de políticas públicas para el sector salud, presentará mañana la Procuraduría General de la Nación.

El documento denominado “El Derecho a la Salud en perspectiva de Derechos Humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado Colombiano en materia de quejas en salud”, será presentado por el Jefe del Ministerio Público, Edgardo José Maya Villazón, a las 8 de la mañana en el Salón Rojo II del Hotel Tequendama.

La Procuraduría General de la Nación que tiene dentro de sus funciones la protección de los derechos humanos y asegurar su efectividad representando los intereses de la sociedad, analizó la evolución y desarrollo del modelo de salud que adoptó el Estado a través de la ley 100 de 1993, el cual es repetidamente cuestionado por ineficiente y discriminatorio. El estudio lo realizó la PGN en asocio con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia- y contó con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

El jefe del Ministerio Público propondrá un amplio debate nacional sobre el Sistema de General de Seguridad Social en Salud, el cual debe estar orientado por los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales sobre la materia: universalidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación efectiva es la única garantía de erradicar problemas tan graves como la discriminación, la exclusión y la segmentación en el acceso al servicio.

Destaca el informe, que si bien durante los últimos quince años, con la aplicación de la ley 100 de 1993, se registró un aumento considerable en el gasto público en salud, la tendencia actual es de estancamiento, lo que incrementa el número de reclamos y quejas y agudiza lo que se conoce como la judicialización del problema, esto es, el uso de la tutela como único mecanismo eficaz para lograr un servicio oportuno y pertinente. Así mismo, el informe analiza la inoperancia de los mecanismos de inspección, vigilancia y control, tanto el intrínseco al modelo de salud, como el externo que le corresponde al Ministerio Público.