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Por irregularidades en el pago a informantes PGN destituye a altos oficiales de policía en Tolima

Bogotá, 18 de mayo de 2008. Por aprobar el pago de recompensas a informantes que en algunas oportunidades no existían y consignar hechos contrarios a la verdad en documentos que debía extender en razón a su función, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al ex jefe de la Sijín del departamento de Policía del Tolima, Capitán George Edison Quintero Medina y al jefe seccional de inteligencia de la misma institución Capitán Germán Alberto Quintero Sánchez.

La decisión fue adoptada en fallo de primera instancia contra los altos oficiales, quienes hoy ostentan el grado de mayores de la Policía Nacional, en desarrollo de una investigación disciplinaria por incurrir en irregularidades en el pago a informantes con recursos públicos destinados al rubro de gastos reservados durante la vigencia del 2003.

Contra el Capitán George Edison Quintero Medina se ordenó la destitución e inhabilidad por el término de dos años, al incurrir en un concurso material de faltas al infringir de manera reiterada una misma disposición del ordenamiento de pagos a informantes en casos en donde no existían.

La Procuraduría constató que en varios casos no existió informante por la forma como se desarrollaron los hechos, la cual no admitía materialmente su presencia y porque no se obtuvo ningún testimonio o informe de funcionarios que así lo ratificara. Así mismo, en 10 comprobantes de pago a informantes se comprobó que se trataba de casos que correspondieron a actividades propias de los uniformados, quienes los reportan como resultado de labores de registro y control.

Así mismo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año al capitán Germán Alberto Trujillo Sánchez, quien se desempeñó como jefe seccional de inteligencia del departamento de Policía del Tolima entre el 10 de mayo y el 6 de diciembre del 2004.

Al asumir la determinación la PGN afirmó que el oficial al ordenar cuatro órdenes de pago en las que no hubo informante incumplió sus deberes constitucionales y legales al consignar hechos contrarios a la verdad en informes oficiales incurriendo con ello en una falta disciplinaria considerada como gravísima y a título de dolo.