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Procuraduría investiga irregularidades en el manejo de más de 13 mil millones de pesos en Comisión de Regulación de Agua Potable

Bogotá, 16 de mayo de 2008. La Procuraduría General de la Nación investiga múltiples quejas relacionadas con el presunto manejo irregular de los recursos de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) que incluyen supuestas pérdidas de excedentes financieros que superan los 7.400 millones de pesos, inversiones riesgosas por más de 6.500 millones y el posible uso indebido de recursos públicos a través de diversos contratos.

Existe una primera investigación que busca establecer la posible pérdida de recursos financieros del Estado Colombiano, por concepto de excedentes financieros de la CRA, por un valor que supera los 7.400 millones de pesos y en la que además, se revisará los antecedentes de la inversión efectuada por la CRA, a través del comisionista de bolsa Corredores Asociados S.A. los días 21 y 23 de febrero de 2005 por la suma de $6.500 millones de pesos.

Esta investigación se fundamenta en los informes de auditoria especial a excedentes financieros de la CRA, enviados por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como en el informe remitido por uno de los Expertos Comisionados de la CRA, en el que se analizan las conclusiones contenidas en el Informe Final de Auditoria ya referido, generado por el Grupo de Control Interno de la CRA.

De otra parte, en una segunda investigación, la Procuraduría busca esclarecer los hechos relacionados con gastos millonarios en eventos sociales, órdenes de servicios y de compras en las que se omitió la aplicación de las normas de contratacion estatal por parte de la señora Clara Lucía Uribe Payares, Directora Ejecutiva de la CRA, quien asumió en varios de ellos las funciones de ordenadora del gasto, del pago y de supervisora.

De acuerdo con las denuncias presentadas, la señora habría aplazado injustificadamente la realización de los estudios que servirán de base para la expedición del nuevo marco regulatorio de tarifas del sector de acueducto y alcantarillado, que por ley debe adoptarse cada cinco años «lo que otorgaría una posible ventaja a las Empresas al no existir las reglas que determinen las condiciones de prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico».

Es objeto de investigación, el consumo de 23 botellas de licor con cargo al erario, en el marco de un evento institucional de certificación que se llevó a cabo en un hotel de Bogotá entre 6:00 de la tarde y 1:00 de la mañana.

Otro tema objeto de cuestionamiento tiene que ver con el alojamiento de personal de la entidad con cargo a un contrato de prestación de servicios y la posible orden simultánea, por parte de la Directora, de reconocer y ordenar el pago de viáticos por este mismo concepto.

En materia contractual, se indaga sobre:

La presunta suscripción y fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios de protección personal para la Directora de la Entidad con recursos publicos, sin que al parecer se hubiese solicitado previamente dicha protección a los organismos de seguridad del Estado, y sin que mediara si quiera un riesgo.

- La presunta renovación del contrato suscrito con una asesora de la CRA, no obstante que presentó documentos falsos en relación con su cotización de salud y pensiones, anomalías que al parecer eran conocidas por la señora Uribe Payares.

- Contratación del servicio de música ambiental y difusión de mensajes en el interior de la entidad por más de 6 millones de pesos, pese a que este contrato no se encontraba incluido en el plan de compras y fue, al parecer, abruptamente liquidado por supuesto acuerdo entre las partes.

- Suscripción de contratos de prestación de servicios para apoyo a la Oficina de Control Interno, los cuales habrían sido cancelados con recursos de inversión.

Finalmente, el Ministerio Público analiza la posible vulneración del reglamento interno de la capacitación de la CRA, la utilización irregular de recursos de inversión y la presunta violación de los principios de racionalidad y planeación en el uso de los recursos públicos.