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Por insistir en revivir normas derogadas sobre servicios postales, Consejo de Estado pide investigar funcionarios de Mincomunicaciones

Bogotá, 15 de mayo de 2008. El Consejo de Estado solicitó a la Procuraduría General de la Nación la apertura de investigación contra funcionarios del Ministerio de Comunicaciones por desconocer sus decisiones e insistir en revivir normas derogadas.

La solicitud fue presentada tras el desconocimiento de una decisión adoptada por la sección primera del Consejo de Estado, el 18 de octubre del 2007 mediante la cual estableció que la libre competencia se aplica a los servicios postales tanto correo aéreo como mensajería especializada y reiteró que la red oficial de correos no es una exclusividad de los Servicios Postales Nacionales S. A., antes Adpostal.

Con el mencionado fallo se consideró equivocado un concepto emitido el 9 de agosto del 2001 por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma Corporación, el cual señalaba que la red oficial de correos debía ser prestada solo por Adpostal e indicaba el deber de transportar todo el correo nacional e internacional a través de dicha empresa.

En comunicación dirigida al Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo afirmó que funcionarios del Ministerio de Comunicaciones reprodujeron el concepto que ya había sido desvirtuado a través del fallo y lo enviaron a diferentes entidades oficiales a las cuales señalaba la obligación de transportar su correo a través del operador oficial, comunicado que fue respaldado por la oficina jurídica de dicha cartera.

El alto tribunal señaló que es inexplicable que se hayan preparado comunicaciones para los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Institutos descentralizados y demás entidades oficiales y semioficiales del orden nacional, donde se desinforma a los destinatarios del sentido real de la decisión de la sección primera del Consejo de Estado.

Reiteró que los funcionarios públicos deben acatar las decisiones judiciales y no existe justificación alguna para que se desinforme sobre el sentido y alcance de la Sentencia proferida por la sección primera del Consejo de Estado.