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Senador pide a PGN reabrir investigación por presuntas irregularidades en aprobación de la reelección presidencial

Bogotá, 23 de abril de 2008. El Senador de la República Camilo Sánchez Ortega interpuso recurso de reposición contra la decisión de la Procuraduría de archivar el proceso que adelantaba contra el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, el Ministro de Protección Social Diego Palacios, el entonces superintendente de Notariado y Registro José Felix Laforie y el Ex Director del Das Jorge Noguera Cotes, en el caso de la ex congresista Yidis Medina y los hechos que rodearon su participación en el acto legislativo de reelección Presidencial.

El señor Sánchez Ortega, quien en su momento presentó queja disciplinaria contra los mencionados funcionarios, aportó como nueva prueba la declaración que la hoy ex-Representante a la Cámara dio al periodista Daniel Coronel en el año 2004 y que fue transmitida el pasado domingo 20 de abril, cuando ya había sido archivada la actuación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

“Se hace necesario aportar al proceso las nuevas y fragantes pruebas que son de conocimiento de la opinión pública, donde la Representante Yidis Medina acepta de manera categórica su participación en el delito de cohecho” señala el recurso en el que además el Senador Sánchez, parte en el proceso disciplinario, agrega que en la declaración la señora Medina “Describe el desarrollo y la consumación de los delitos de tráfico de influencias y el de cohecho”.

La Procuraduría General de la Nación había archivado por falta de pruebas las actuaciones disciplinarias abiertas en estos casos, luego que tanto los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, como el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, el Ministro de Protección Social Diego Palacios, el entonces Superintendente de Notariado y Registro José Felix Laforie y el Ex Director del Das Jorge Noguera Cotes, así como todos los congresistas que votaron negativamente el proyecto de reelección presidencial, afirmaron en sus declaraciones juradas que no existió ningún ofrecimiento por parte del Estado o presión alguna para interferir en el trámite normal del acto legislativo.