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Destituido e inhabilitado ex gobernador del Meta que entregó sus funciones a terceros

Bogotá, 22 de abril de 2008.Con destitución e inhabilidad de 10 años, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Luis Carlos Torres Rueda, ex senador de la República, por graves irregularidades contractuales que generaron una multimillonaria afectación al erario de su departamento, cuando se desempeñó como Gobernador del Meta entre los años 2000 y 2003.

La decisión de única instancia fue adoptada por el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, quien encontró suficientes pruebas sobre la omisión del entonces gobernador, de asumir la representación legal del departamento, la dirección y manejo de la actividad contractual propias de su cargo, permitiendo en cambio que la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación, adscrita a su Despacho, suscribiera convenios con las mismas entidades del departamento creadas con este propósito, tales como EDESA y CORPOMETA, para que fueran quienes, en últimas, realizaran la ejecución de los objetos contractuales.

El señor Torres Rueda, investigado por la Fiscalía por posibles vínculos con paramilitares, y quien también es  investigado disciplinariamente por esos mismos hechos, dejó en manos de otras dependencias “las funciones que le eran exigibles, las que, por su naturaleza, no podían ser transferidas”, señala el Ministerio Público.

La falta fue calificada como gravísima a titulo de dolo, pues con la suscripción de los cuestionados convenios, “omitió cumplir actos propios de sus funciones atribuidos por competencia a los Gobernadores, permitiendo que la Unidad Administrativa de proyectos y contratación, suscribiera los contratos y convenios del Departamento -en el año 2003-, en abierto desconocimiento de las normas a las cuales estaba sujeto”.

Sin embargo el ex gobernador, con el propósito de evitar cualquier tipo de responsabilidad penal o disciplinaria, se desatendió de sus responsabilidades en materia contractual dejando que la dirección de los procesos licitatorios, la celebración de contratos y convenios del ente territorial estuvieran, sin control, en manos de otras dependencias y se contratara con ellas, sin que las mismas contaran con la infraestructura ni el recurso humano suficiente y cualificado.

Fue así como “se contrataron obras para construcción y ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de pozos profundos, tanques subterráneos colector de aguas, plantas de tratamiento, con EDESA, cuando dicha empresa debió constituirse para la prestación de los servicios públicos domiciliarios propiamente dichos. De igual modo se contrató con la Corporación para el Desarrollo del Departamento del Meta – CORPOMETA – , entidad que, con una planta de personal de cuatro personas, terminó por desarrollar actividades tales como la realización de jornadas de vacunación, suministro de complemento nutricional, administración, operación y mantenimiento de algunos bienes departamentales como el Parque “los Ocarros”, la realización del mundial de coleo, programas tendientes a la erradicación de la fiebre aftosa e inclusive la formulación del Plan Estratégico del Meta, entre otros, actuando como un simple intermediario en atención a que en últimas debió subcontratar la ejecución de dichas actividades.

La Procuraduría hizo especial énfasis en el grave daño social que se causó con su conducta pues adoptar tales comportamientos para evadir la contratación estatal, es un mensaje equivocado para la sociedad que espera de los mandatarios que elige, un mayor grado de cuidado en el manejo y administración de las rentas públicas.

“Para el caso en estudio es inocultable que el comportamiento que se ha examinado se acomoda objetivamente a la descripción típica consagrada por el injusto penal de prevaricato por omisión” consagrado en el código penal.