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Decisiones en el departamento de La Guajira

Bogotá, 16 de abril de 2008. La Procuraduría General de la Nación profirió las siguientes decisiones disciplinarias:


Por irregularidades en contratación de gastos funerarios, pliego de cargos contra alcalde de Hatonuevo (Guajira)

Por contratar el suministro de 7 y 8 ataúdes por mes para personas de escasos recursos económicos desconociendo presuntamente las normas de contratación estatal, la Procuraduría Regional de la Guajira elevó pliego de cargos contra José de Jesús Ortíz y Dolca Paola Solano Iguarán, alcalde y ex secretaria de gobierno del Municipio de Hatonuevo, Guajira.

Los hechos se registraron durante el año 2005 cuando fueron suscritas el 26 y 28 de abril dos órdenes de suministro cuestionadas pues no se especifica el número de ataúdes, ni el valor de cada uno, ni las condiciones para que sean entregados al municipio.

Las ordenes solamente estipulan el valor total, las cuentas de cobro están sin fecha o recibido por parte de la administración y tampoco existe un soporte probatorio alguno capaz de mostrar que efectivamente se recibieron y entregaron los ataúdes porque no hay actas o registros de defunción, ni la firma del familiar del fallecido para garantizar el cumplimiento de su objeto.

El ministerio público consideró al elevar el pliego de cargos, que en las facturas que los ataúdes tienen precios que oscilan entre los 150.000 pesos y 800.000 pesos, lo que al parecer puede significar que los valores se colocaron solamente para cumplir con el requisito de llenar la factura, cotejando los valores para luego proceder a realizar la cuenta de cobro respetiva.-

Al elevar el pliego de cargos, para la Procuraduría los disciplinados pudieron haber transgredido las normas de carácter administrativo al violar los principios contractuales en cuanto a la selección objetiva del contratista al contratar directamente, sin planeación o estudios de conveniencia y oportunidad.

La Procuraduría Regional señaló que en la actualidad pesa una inhabilidad sobre el señor Ortiz Duarte para el ejercicio de cargos públicos por el término de tres años.

 

Por omitir sentencia de Tribunal Administrativo, sancionados ex alcaldes de Dibulla (Guajira)

Por omitir el pago de una deuda ocasionando los intereses de mora y desconociendo de manera fragrante una sentencia del Tribunal Contencioso de la Guajira, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años, al exalcalde del municipio de Dibulla, Luís Fernando Caicedo.

El Tribunal Administrativo de la Guajira, profirió sentencia condenando al municipio al pago de dineros correspondientes a sueldos y demás prestaciones sociales del Señor Yailton Lindo desde marzo de 2000 al 1 de julio de 2002, quien se desempeñó como gerente de la ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila.

El apoderado hizo varios requerimientos, logrando un acuerdo de cumplimiento de la deuda que se haría efectivo en septiembre de 2003 por la suma de 109 millones 680 mil pesos y de superarse el plazo conllevaría al pago de intereses moratorios desde la ejecutoría de la sentencia.

La Procuraduría Regional de la Guajira calificó el comportamiento del alcalde Luis Fernando Caicedo para la vigencia 2003 como gravísima toda vez que no respondió con eficiencia y eficacia al deber legal de acatar oportunamente la decisión del Tribunal para evitar la generación de intereses y su correspondiente pago y debió disponer los recursos necesarios en el correspondiente rubro de “sentencias judiciales”, incurriendo en la violación de una regla de obligatorio cumplimiento.

En el fallo de primera instancia, el ministerio público sancionó con suspensión por el término de dos meses a señora Silvia Ospino Bermúdez, quien también ejerció como alcaldesa del municipio de Dibulla entre diciembre del 2003 y la vigencia del 2004. Su falta fue calificada como grave, pues no había impedimento para que la funcionaria cumpliera con su obligación y así evitar la cancelación de intereses moratorios.